Así lo precisó este martes el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que explicó que la investigación ofrece una visión actualizada de la discapacidad reconocida en España y analiza los perfiles sociodemográficos y tendencias observadas en la última década, así como el impacto del nuevo marco normativo introducido por el Real Decreto 888/2022 y ha sido desarrollado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y coordinado por el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (Cedid) del Real Patronato sobre Discapacidad.
El informe ha contado con la participación de 15 comunidades autónomas e incorpora tanto datos agregados de los centros de valoración de discapacidad como entrevistas semiestructuradas a profesionales responsables de estos servicios.
El documento pone de relieve una “transformación relevante”, según el ministerio, en los perfiles de los solicitantes de la discapacidad en España y dibuja un desplazamiento desde una demanda concentrada en perfiles tradicionalmente reconocibles hacía otra “más amplia, diversa y compleja”, vinculada a las nuevas realidades y en la que se registran combinaciones entre diferentes tipos de discapacidad.
En concreto, el estudio muestra que el perfil predominante corresponde a personas adultas comprendidas entre los 35 y los 64 años y, según el ministerio, este dato refleja que la discapacidad reconocida en España está envejeciendo, con una edad media que se sitúa en los 55 años y con importantes diferencias territoriales.
En algunas comunidades autónomas, como Galicia, Asturias o Castilla y León, se registra una mayor concentración de personas en edad avanzada y la edad media supera los 60 años. En Baleares, las personas de 80 años o más representan más del 42% de las solicitudes, el porcentaje más alto del estudio.
MADRID Y MURCIA
Mientras, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia son las comunidades con perfiles relativamente más jóvenes, con una edad media que se sitúa en los 49 años y con los porcentajes más altos entre las personas solicitantes menores de 18 años.
En relación con el tipo de discapacidad, en la mayor parte de los territorios la discapacidad física aparece como la categoría alegada con mayor frecuencia en el momento de iniciar la solicitud, si bien se detecta también un incremento de situaciones vinculadas a la salud mental y a perfiles más complejos y multidimensionales.
Pese a que este parámetro presenta disparidades territoriales en los sistemas de registro, la discapacidad mental o psíquica tiene “un peso cada vez más relevante y creciente” en varias comunidades autónomas, alcanzando porcentajes “especialmente altos” en Galicia (40,9%), La Rioja (34,8%) o Murcia (28,7%).
“Estos datos reflejan que se está produciendo un cambio en los perfiles de la discapacidad valorada en España, donde ya no se considera únicamente la discapacidad congénita, sino también la discapacidad derivada de factores relacionados con la autonomía, la participación social, las barreras del entorno y las necesidades de apoyo”, abundó el ministerio.
A este respecto, destacó que la salud mental adquiere relevancia en la demanda actual, lo que se describe junto al crecimiento de perfiles mixtos o complejos y sugiere que el sistema no está atendiendo solo a más casos sino también casos “con configuraciones funcionales y sociales más heterogéneas que exigen respuestas menos estandarizadas”.
PROFESIONALES
Desde la dimensión cualitativa que incluye el estudio, los profesionales participantes confirman que en los últimos años se ha producido una “transformación significativa” en los perfiles de las personas solicitantes, con un “claro aumento” de solicitudes entre personas mayores, así como un “mayor peso” de los problemas de salud mental, trastornos del neurodesarrollo en infancia y adolescencia y perfiles complejos o mixtos.
“Todo ello dibuja un sistema que atiende hoy una demanda más plural y compleja que la de etapas anteriores y que debe responder no solo a cambios epidemiológicos o demográficos, sino también a transformaciones sociales, institucionales y culturales en la comprensión de la discapacidad”, agregó el ministerio.
El estudio refleja, además, que estas nuevas realidades están incrementando la complejidad de los procesos de valoración y evidencia la necesidad de reforzar los apoyos, adaptar los procedimientos y avanzar hacia modelos de atención más personalizados, accesibles y coordinados entre los distintos servicios y administraciones.
El análisis muestra también una distribución por sexos globalmente equilibrada, aunque con un ligero predominio femenino en la mayoría de las comunidades autónomas. Galicia presenta el porcentaje más alto entre las mujeres, mientras que Baleares registra el mayor porcentaje entre los hombres.
En términos generales, el informe concluye que las diferencias territoriales por género son “mucho menos pronunciadas” que las observadas en la edad, configurando un patrón relativamente homogéneo en toda España.
Respecto a la nacionalidad, los resultados muestran que la mayoría de las personas solicitantes tienen nacionalidad española, superando el 90% en la mayoría de las comunidades autónomas, con una presencia minoritaria pero variable de población extranjera según el territorio.
Reforzar la respuesta pública ante nuevas las necesidades sociales
Por otra parte, el informe subraya la relevancia del cambio normativo introducido por el Real Decreto 888/2022, que adaptó el sistema español de valoración de la discapacidad y supuso un “gran avance” hacia una valoración “centrada en la persona, más accesible y coherente con los principios de inclusión, igualdad de oportunidades y participación social”.
Asimismo, las conclusiones del estudio apuntan a la necesidad de seguir fortaleciendo los sistemas de valoración y atención a la discapacidad, reforzando la coordinación territorial, la formación especializada y la disponibilidad de recursos para responder a las nuevas realidades sociales y demográficas.
Por último, según el ministerio, la investigación pone de relieve la importancia de avanzar hacia modelos cada vez más centrados en los apoyos, la participación y la calidad de vida de las personas con discapacidad, consolidando una visión de la discapacidad basada en los derechos humanos y en la igualdad efectiva.
En este sentido, el departamento liderado por Bustinduy resalta que este estudio constituye una herramienta “fundamental” para continuar mejorando las políticas públicas de discapacidad y avanzar hacia una sociedad “más inclusiva, accesible y comprometida con la autonomía y la participación plena de todas las personas”.
