La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado que la sentencia del Supremo desestimando el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) “sienta doctrina” y recoge todas las alegaciones planteadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Mercedes Gómez ha afirmado que el Gobierno regional no va a retirar la demanda contra el Estado hasta que no tenga sobre la mesa una propuesta de reglas de explotación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “que llega tarde y ya sin excusas”.
Toledo, 22 de mayo de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura contra la revisión del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, en concreto contra la fijación de los caudales ecológicos mínimos, y que marca doctrina desde el punto de vista técnico y legal pero también habilita al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como “un presidente que defiende los intereses de la región y los defiende con la legalidad por delante y dándole la razón con sentencias judiciales”.
Así lo ha asegurado hoy la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en declaraciones a los medios previas a la celebración del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, donde ha asegurado que esta sentencia del Tribunal Supremo “recoge íntegramente las alegaciones que presentó el Gobierno de Castilla-La Mancha y las suscribe como doctrina”.
Mercedes Gómez ha insistido en que ya ha contactado con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para “ponerles de manifiesto que ya es tarde y que tienen que modificar las reglas de explotación”. Al respecto, ha recordado la demanda que el Gobierno regional ha interpuesto contra el Estado para que se cumpla con el Real Decreto y que ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional.
Para la titular de Desarrollo Sostenible “ya no hay excusas por parte del Estado y tiene que poner sobre la mesa la modificación de las reglas de explotación y la aplicación rigurosa de los caudales ecológicos”. Esta sentencia, ha señalado, viene a reiterar que los caudales ecológicos “no se pueden aplicar con progresividad ya que eran unos escalones para permitir fundamentalmente a las cuencas del Júcar y del Segura contar con las herramientas para sustituir el agua del trasvase en materia de regadío”. Gómez ha reiterado además que “en ningún caso el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido no tener una reserva de agua estratégica para abastecimiento incluso para el Levante español”.
La consejera ha informado que aunque todavía queda pendiente un recurso de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, todo indica que con la doctrina que marca esta última sentencia, “no va a tener un resultado significativo sobre la decisión que ha tomado claramente el Supremo recurso tras recurso”.
El PP de Castilla-La Mancha ha pasado “de puntillas” sobre la sentencia
En esta misma línea, ha asegurado que le gustaría escuchar al PP de Castilla-La Mancha sobre esta sentencia puesto que ayer “tuvo una oportunidad magnífica en las Cortes de Castilla-La Mancha donde se debatía en materia de agua y las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha y pasó de puntillas”.
Esto demuestra, ha precisado, que “los dirigentes de Murcia y Valencia han prometido un agua que no es suya y además les han financiado los recursos judiciales y los informes técnicos que han intentado desmontar la normativa que rige el trasvase y los caudales ecológicos del río Tajo cuando es el único río europeo que no tiene caudales ecológicos”, a lo que ha añadido que “por aquí se han hecho fotos con el señor Bendodo y Feijóo diciendo que la única riqueza y lo único que merece la pena en España es la agricultura del Levante español y qué pasa con la de Castilla-La Mancha”.
Por último, ha recordado que se han ido a Bruselas con el Pacto del Agua que precisamente rige hoy las alegaciones “pero las interpretaciones del PP son muy diferentes a las que las 71 organizaciones que han avalado con 200 alegaciones lo que se necesita en Castilla-La Mancha en materia de agua”.
