Así se desprende de un informe publicado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), Fad Juventud y Oxfam Intermón, según indicaron estas entidades en una nota de prensa, en el que se analiza el impacto de la crisis habitacional en el bienestar emocional y las expectativas de futuro de la población joven.
El estudio, titulado ‘Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural’, señala que la presión económica asociada a la vivienda afecta directamente al bienestar psicológico. En concreto, la incidencia de mala salud mental se duplica entre quienes destinan más del 50% de sus ingresos a este gasto frente a quienes dedican menos del 30%.
Además, el informe subraya que el deterioro económico agrava los problemas de salud mental. En el último año, el 63,5% de las personas jóvenes en situación de carencia material severa sufrió algún problema psicológico, frente a un 52,4% entre quienes no presentan privaciones.
El análisis también revela que la juventud destina entre el 40% y el 50% de sus ingresos al pago de la vivienda, muy por encima del umbral recomendado. En el caso de los hogares jóvenes unipersonales, ese esfuerzo supera el 80% del salario. Esta situación habría consolidado un modelo en el que el alquiler predomina entre la población joven, hasta el punto de que en 2025 la mitad de las personas emancipadas vivía en régimen de arrendamiento.
El informe advierte de que la falta de recursos no solo limita el acceso a la vivienda, sino que también influye en la vida social y emocional. Así, el 39,8% de las personas jóvenes con carencia material severa afirma sentir soledad no deseada con frecuencia, casi el doble que entre quienes no atraviesan dificultades económicas.
Asimismo, apunta a un “círculo vicioso” entre pobreza y salud mental: la falta de recursos dificulta el acceso a apoyo psicológico, lo que agrava los problemas emocionales. Entre las personas de 25 a 34 años, la mala salud mental aumentó del 7% al 19,3% entre quienes renunciaron a atención psicológica por motivos económicos en el último año.
Las organizaciones impulsoras del informe reclaman medidas que aborden tanto la falta de atención psicológica como los factores estructurales que originan este malestar. Entre ellas, plantean reforzar los servicios de salud mental y aprobar políticas públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna y asequible.
También proponen actuaciones en el ámbito laboral y social, como el impulso del Estatuto del Becario, la ampliación de becas y la reforma del Ingreso Mínimo Vital para facilitar su acceso a menores de 30 años.
