La operación denominada ‘Operación sangou’ se desarrolló en colaboración con inspectores adscritos a la Dirección General de Ordenación Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y un Agente Medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en una explotación agrícola compuesta por varios invernaderos destinados al cultivo intensivo de verduras y hortalizas.
En el lugar, los agentes localizaron un almacén clandestino que albergaba más de 600 envases de productos fitosanitarios de procedencia asiática. Se sospecha que estos productos se habrían introducido en España eludiendo los cauces regulares para su importación legal, incumpliendo las diferentes normativas nacionales y europeas, al carecer del etiquetado reglamentario o número de registro del fabricante, informa el instituto armado.
Asimismo, los envases, que han sido intervenidos, omitían cualquier información crítica sobre toxicidad, pictogramas de seguridad y dosis de aplicación.
El análisis preliminar de las sustancias reveló la presencia de principios activos de extrema peligrosidad, muchos de los cuales han sido expresamente prohibidos o no renovados por la normativa de la Unión Europea debido a sus efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente.
En la explotación agrícola se recogieron muestras, tanto de tierra, como de hojas de las verduras y hortalizas que se estaban cultivando, para su posterior análisis. Los resultados confirmaron la presencia en los alimentos de sustancias químicas prohibidas, con el consiguiente riesgo de que llegaran al consumidor final con trazas de alta toxicidad.
Los agentes constataron una absoluta falta de condiciones higiénicosanitarias y una gestión negligente de residuos peligrosos, destacando el hallazgo de una fosa utilizada para la eliminación mediante quema de los envases de productos fitosanitarios junto con otros residuos de diferente naturaleza.
Además, se detectó una estación de repostaje artesanal e improvisada que habría provocado el vertido directo de hidrocarburos sobre un terreno que se encontraba a escasos metros del arroyo de Alcubillete, cauce fluvial que divide la explotación, existiendo un riesgo real de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
