Así lo reivindicó en un comunicado en el que quiso “alzar la voz” para “garantizar buenos apoyos a través del cuidado de sus equipos profesionales” y evidenciar esta situación con la brecha salarial que “separa” al personal de su movimiento asociativo de los trabajadores del sector público que desempeñan funciones equivalentes.
La confederación exigió a las administraciones públicas, estatales y autonómicas, medidas “urgentes” que “dignifiquen” las condiciones laborales de un sector que consideró esencial.
En paralelo, recordó el proceso de “convergencia” que se llevó a cabo con la educación pública y concertada y los “esfuerzos” realizados por “aproximar el reconocimiento de ambas realidades”, con el convencimiento de que “es momento de hacerlo en lo social”.
En este contexto, el director de Plena inclusión España, Enrique Galván, subrayó la importancia de mejorar la retribución de estos miles de profesionales.
«DIGNIFICACIÓN»
«La dignificación de las condiciones laborales de quienes trabajan a diario en los apoyos y cuidados de cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias debe acometerse desde el impulso de las administraciones públicas”, reclamó.
Junto a ello, Plena inclusión puntualizó que, desde su movimiento asociativo dan “apoyos valiosos a una población especialmente vulnerable, mejorando su calidad de vida y defendiendo su derecho a una plena ciudadanía”. “El acompañamiento del itinerario vital desde el proyecto de vida y la promoción de la inclusión de cada persona es una tarea muy compleja y poco valorada, que nunca podrá hacer una tecnología y solo tiene éxito junto a la vida de cada persona, piel con piel», agregó.
Un análisis realizado por Plena inclusión en 2024 revela una “significativa disparidad” en las retribuciones en relación con el sector público, dado que, en el caso del personal laboral, los empleados públicos perciben un 31% más que sus homólogos en el sector de la discapacidad y, en el del personal funcionario, la brecha se amplía hasta un 53% a favor del sector público.
CORREGIR DIFERENCIAS
Para “corregir” estas diferencias y garantizar la sostenibilidad del sector, Plena inclusión, que reúne a 950 asociaciones en todo el país y a más de 46.000 profesionales que realizan su labor en 4.000 centros y servicios, ve “necesario” un incremento de, al menos, un 30% en las partidas públicas destinadas a los salarios de estos profesionales.
Esta demanda de “dignificación” de las condiciones salariales, además de en la celebración del Primero de Mayo, se enmarca en la campaña de sensibilización e incidencia #SinRecursosNOhayCuidados, que visibiliza la “infrafinanciación histórica” que, según Plena inclusión, “arrastra el sector”.
“A la situación salarial se le suman otros factores que comprometen la viabilidad de los servicios”, señaló, en referencia al incremento “constante” de costes operativos, el efecto “limitante” de la Ley de desindexación y el aumento de las exigencias normativas “sin el correspondiente respaldo presupuestario”.
La organización trasladó que en el movimiento asociativo “preocupa especialmente” las “insuficientes” ayudas para la protección del empleo de las personas con especiales dificultades de empleabilidad.
En este sentido, la confederación demandó mejorar la financiación de los convenios que incluyen partidas de mantenimiento del empleo y de las unidades de apoyo para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que forman parte del colectivo de especiales dificultades de empleabilidad.
