Así lo confirmó la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, quien puso de relieve que la decisión del juez José Luis Calama de citar como investigado al expresidente es un hecho de «extrema gravedad política e institucional» que «no puede pasar sin respuesta». De hecho, señala que el auto es «contundente», poniendo el foco, entre otros, en la referencia que se hace a la existencia de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. O en conversaciones en las que se afirma que «Zapa es nuestro contacto» o «mañana Zapatero interviene directamente».
«Esto va más allá del rescate de Plus Ultra», dijo tajante García, quien añadió que el auto judicial describe una «red estable de influencia política y económica actuando alrededor del poder, de las instituciones y del dinero público». Así, no dudó en insistir en que «no es un problema judicial de Zapatero», sino «un problema político de Sánchez y su Gobierno». Muy dura, y en la línea en la que se ha venido pronunciando el PP desde que se conoció la imputación, la portavoz popular aseguró que si Zapatero «pudo hacer todo esto» es porque «el Gobierno de Sánchez le abrió la caja del dinero de los españoles y le dejó barra libre para sus negocios».
Por ello, hizo hincapié en que «Sánchez ha salido a defender a Zapatero» porque «es una forma de proteger a Sánchez». «Cuando un presidente del Gobierno protege al investigado antes que a las instituciones, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural», remarcó.
«SEGUIR DESTAPANDO»
Por todo ello, y tras recordar las causas judiciales que afectan tanto al PSOE como al Gobierno, García anunció esa «ofensiva total» en la comisión de la SEPI con cuatro nuevas comparecencias para «seguir destapando lo que el Gobierno de Sánchez quiere esconder». Porque, remarcó: «Zapatero presionó para el rescate de Plus Ultra, Sánchez autorizó, Montero pagó y el señor Zapatero se lucró».
En concreto, la dirigente popular detalló que llamarán a la asistente de Zapatero, Gertrudis Alcázar, quien, aseguró, «impartió instrucciones para la constitución de empresas en Dubái y participó en las gestiones realizadas ante organismos públicos». Tras ella citó a Cristóbal Cano, «el gestor de Julio Martínez», quien, dijo, «actuó como enlace diario del entorno societario controlado por Martínez». Son, dijo, «los fontaneros del sistema financiero para mover el dinero ilegal del rescate de Plus Ultra», subrayó.
Pero también solicitarán la comparecencia del exministro José Luis Escrivá porque, según el auto, Plus Ultra «no podía ser rescatada porque tenía deudas con la Seguridad Social», aunque una reunión entre Zapatero y Escrivá, lo desbloqueó «por arte de magia». Quieren que Escrivá explique «quién le dio la orden de reunirse con Zapatero», «quién le exigió que hiciese desaparecer la deuda de Plus Ultra cuando miles de autónomos no podían hacerlo» y «si su ascenso al Banco de España tiene que ver».
Por último, García también señaló a Manuel Fajardo, el «lugarteniente de Zapatero en Venezuela», para que explique «por qué contactó Plus Ultra con él, qué necesitaban, qué ofrecieron a Zapatero y qué aceptó». Tajante, la senadora del PP zanjó su intervención apuntando que «Zapatero construyó un sistema de corrupción piramidal en el que implicó a todo su círculo, desde el Gobierno de Sánchez hasta su propia asistente».
NO DESCARTAN MÁS CITACIONES
Tras esto, la portavoz de los populares aseguró que están analizando «cada coma» del auto del juez, además de estar «expectantes» ante lo que se pueda seguir conociendo y lo que ocurra el 2 de junio en la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional. De ahí que apuntase que, «cuando eso ocurra», valorarán si le vuelven a citar para comparecer en la comisión, ya que en marzo lo hizo en la del ‘caso Koldo’. Una respuesta que también hizo extensibles a las hijas del expresidente, también señaladas en el auto. «No descartamos absolutamente nada», sentenció en este sentido.
Así, detalló que el PP está preparando «una estrategia global para definir nuevos comparecientes» en ambas comisiones, aunque dejó claro que necesitan «un análisis jurídico», por lo que evitó avanzar nuevos pasos.
