Así lo afirman fuentes del Gobierno en relación a este caso que investiga la justicia y en el que está imputado el expresidente del Gobierno. El 9 de marzo de 2021, Plus Ultra Líneas Aéreas recibió una ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) por importe de 53 millones de euros.
Desde el Gobierno informan que Plus Ultra, como compañía aérea, formaba parte de un sector estratégico, como así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos en una empresa de este sector. «Las ayudas responden a un procedimiento administrativo», insisten.
Las mismas fuentes señalan que las compañías aéreas que lo necesitaron por el impacto de la covid y cumplían los requisitos, recibieron los préstamos del FASEE. Un total de 890 millones de euros para Air Europa, Volotea 200, Air Nostrum, Plus Ultra, Wamos Air y Evelop Airlines (como beneficiaria de la ayuda de Avoris).
«La adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad y ni la discriminación. La normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos», inciden.
Asimismo, explican que en el procedimiento administrativo, participan los servicios técnicos de SEPI, asesores externos y la compañía. Por tanto, la resolución favorable del expediente por parte del Consejo Gestor se tomó en base a media docena de informes técnicos. Todos ellos avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos y, con posterioridad, el Consejo de Ministros autorizó la propuesta del Consejo Gestor.
«Estos préstamos tienen un exhaustivo control por parte de la Administración, con un procedimiento administrativo y garantista», afirmaron para añadir que «el expediente de Plus Ultra, dentro del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de SEPI; contó con el asesoramiento de sendos asesores financiero y jurídico externos y fue revisado infructuosamente por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por la Fiscalía, por numerosas acusaciones populares, y también por un perito judicial».
Además, sostienen que también fue «analizado por la Comisión Europea, que no halló ninguna irregularidad en el régimen de ayudas de Estado; está incluido en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y ha sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, concluyendo la legalidad de la ayuda». También recuerdan que «ha sido objeto de puntual seguimiento por la Comisión Europea». Por lo tanto, señalan que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el régimen de ayudas».
La operación del Gobierno fue en su momento cuestionada desde su inicio al considerar a la aerolínea como «estratégica» para nuestro país, a pesar de que en ese momento solo operaba un avión y tenía una cuota de actividad residual. La Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales de Suiza advirtió de movimientos bancarios sospechosos, llevando a investigarse en 2022 y, pese a que la causa quedó archivada en 2023 por errores procesales, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción pidió la reapertura de la causa, que ha terminado asumiendo la Audiencia Nacional después de recibir peticiones para cooperar en sendas investigaciones nuevas abiertas por parte de las autoridades de Francia y Suiza que tienen que ver con blanqueo de capitales venezolanos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, además de detener el pasado diciembre al empresario Julio Martínez Martínez, también arrestó al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, al consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, y a un abogado. El pasado martes se le informó a Zapatero de su condición de investigado en la causa que se investiga por presunto tráfico de influencias y abriendo la puerta a delitos conexos como organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el auto se considera a Zapatero como posible «líder» de la presunta trama al ser «beneficiario final» él y su propio entorno.
