Así lo precisó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a dicha reunión, en la que reivindicó estos “grandes avances en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias” que ha llevado a cabo el Ejecutivo.
Entre ellos, destacó la reforma del artículo 49, que, a su juicio, sustituyó “términos obsoletos y ofensivos y saldó una deuda moral” con las personas con discapacidad así como el IMV. Se trata de dos medidas que, a su entender, “reflejan el compromiso firme del Gobierno con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la garantía de derechos”.
En la misma línea, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 informó en un comunicado de que la declaración ensalza medidas en materia de no discriminación, derechos en la infancia y la educación, derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, accesibilidad universal o el acceso a la justicia.
Junto a ello, defendió que el texto subraya el “compromiso” del Gobierno con la “plena” participación social, económica y política de las personas con discapacidad, “promoviendo un enfoque transversal en las políticas públicas”.
