Así se desprende del informe ‘Mujeres especialmente vulnerables a la violencia en la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2024’, cuyo objetivo es profundizar en la información proporcionada en la citada macroencuesta, ampliando los resultados de algunos grupos de mujeres.
Los principales resultados de este informe han sido presentados este jueves por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, y muestran también que el 13,4% de las mujeres con una discapacidad acreditada de entre el 33% y el 64% han sufrido violencia por su pareja.
Este estudio analiza la violencia que sufren, entre otras, las mujeres con discapacidad, las gitanas, las nacidas en el extranjero, las jóvenes de entre 16 y 24 años o las mayores de 65 años.
Así, en general, el 14,8% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% ha sufrido violencia física a lo largo de la vida por parte de alguna pareja, frente al 9,7% de las mujeres sin discapacidad.
También hay diferencias significativas en lo relativo a la violencia sexual ejercida por alguna pareja, que es del 11,3% entre las mujeres con discapacidad igual o superior al 33%, frente al 8,2% de las mujeres sin discapacidad; así como en la violencia económica a lo largo de la vida, sufrida por el 16,6% de las mujeres con una discapacidad de entre el 33% y el 64% y por el 19,2% de aquellas con un grado de discapacidad del 65% o superior, frente al 12,4% de las mujeres sin discapacidad.
VIOLENCIA Y DISCAPACIDAD
En ese contexto, las mujeres con discapacidad denuncian la violencia en una proporción más elevada que las que no tienen discapacidad. Ese porcentaje es del 27,6% en el primer colectivo, frente al 16,2% del segundo.
Un patrón similar se observa en la búsqueda de ayuda formal: el 58% de las mujeres con discapacidad acreditada ha recurrido a servicios de ayuda como médicos, psicológicos, servicios sociales, etc., debido a la violencia ejercida por alguna de sus parejas, frente al 40,3% del resto de mujeres.
Además, el informe recoge situaciones de mujeres que dicen tener limitaciones en su vida diaria (psicosociales o físicas) y que no tienen una discapacidad reconocida.
En este caso y respecto a la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja que sufran estas mujeres, la prevalencia a lo largo de la vida de las violaciones alcanza el 6,2% entre las mujeres que declaran estar gravemente limitadas, frente al 2,8% de las mujeres sin limitaciones.
Ana Redondo subrayó que, en base a estos datos, las mujeres con discapacidad demandan “más apoyo y adaptación de las políticas públicas” a sus necesidades y realidades, aunque no desconocen los recursos existentes.
Así pues, este informe evidencia que las mujeres con discapacidad sufren más violencia, más intensa y compleja. Redondo incidió en que invita a “reflexionar” sobre esta necesidad de adaptar las políticas contra la violencia machista a las circunstancias de la discapacidad.
