El informe expone también que la cifra de trabajadoras del hogar y cuidados que se jubilará sin prestación alguna sube hasta el 25,4% en el caso de trabajadoras migrantes.
Bajo el titulo ‘Toda una vida cuidando. El derecho a una jubilación digna para las trabajadoras de hogar y cuidados’, el informe analiza la situación de las trabajadoras del hogar y cuidados en su última etapa laboral y su jubilación, y muestra las múltiples desigualdades que acumulan y que las empujan hacia una vejez precaria.
El sector de los cuidados tiene un alto porcentaje de trabajadoras mayores de 55 años. El 30% de ellas tiene o supera esa edad, frente al 21% del conjunto del mercado laboral. Según una encuesta que forma parte del informe, el 65,9% de las trabajadoras mayores de 55 años que han participado en el estudio cree que tendrá que retrasar la jubilación más allá de los 65 años, y el 78,3% considera probable seguir trabajando en la economía informal al llegar a la edad legal de jubilación.
La investigadora y autora del informe, Nerea Boneta, dijo que esta situación es el “resultado de desigualdades acumuladas a lo largo de la vida laboral en un sector feminizado, precarizado y racializado”.
FUTURO INCIERTO
El ingreso medio mensual de las trabajadoras del hogar y cuidados mayores de 55 años que han participado en la encuesta es de 940 euros, por debajo del salario mínimo y del umbral de la pobreza. En su abrumadora mayoría (64,8%) viven de alquiler y destinan 380 euros de media al pago de la vivienda, es decir, más del 40% de su salario.
Entre aquellas personas que cuentan con alquiler o hipoteca, un 42% de las encuestadas declara haber tenido que retrasar esos pagos en el último año. Las trabajadoras de origen español o comunitario cuentan con vivienda en propiedad casi ocho veces más que aquellas de origen extracomunitario (46,85% frente a un 6,37%).
Mientras los salarios no alcanzan, el alquiler actúa como una aspiradora de rentas y ahorros: 87% de las encuestadas mayores de 55 años no puede afrontar un gasto imprevisto de 600 euros y casi la mitad se endeudó para llegar a fin de mes.
En el caso de las mujeres ya jubiladas, los ingresos apenas alcanzan los 710 euros, la mitad que el resto de la población jubilada de España. La combinación de empleo parcial involuntario, informalidad y temporalidad marca un camino hacia la jubilación marcado por lagunas de cotización y enfermedades no reconocidas como laborales en este sector, que además está más envejecido que el resto.
Según el estudio de Oxfam Intermón, esto refleja el “impacto acumulado de la informalidad, la irregularidad administrativa y las trayectorias laborales fragmentadas” y anticipa que, “si no se producen cambios en la estructura del mercado laboral y concretamente, en el sector de hogar y cuidados, esta exclusión tenderá a reproducirse en el futuro”, afectando de forma “desproporcionada” a las trabajadoras de origen migrante.
DERIORO DE SALUD
Los datos de la encuesta muestran también que la salud de las trabajadoras de hogar y cuidados mayores de 55 años se encuentra profundamente deteriorada y que este desgaste es generalizado. Así, el 72% declara que sufre dolor de espalda, y el uso de productos químicos genera problemas de piel al 32%. El 65,6% sufre estrés y casi el 60% sufre ansiedad.
La combinación de edad y enfermedad crea un doble estigma que las trabajadoras combaten con patrones de auto explotación forzosa: dos de cada tres trabajadoras encuestadas fueron a trabajar estando enfermas y ocho de cada diez admiten tomar medicación para poder afrontar la jornada; a la vez, cerca de una de cada diez declara haber sido despedida por una baja médica.
Así pues, Oxfam Intermón propone medidas como el reconocimiento de la penosidad, las enfermedades profesionales y el desgaste del trabajo mediante coeficientes reductores que permitan una jubilación anticipada o parcial y la compensación de lagunas de cotización; el establecimiento de pensiones mínimas suficientes y el acceso a vivienda digna; la culminación de la equiparación de derechos laborales con los del Régimen General, asegurando la cotización por salario real, una prevención efectiva de riesgos laborales, la regulación de agencias y plataformas, y el fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.
