La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal asentado en La Rioja y ha detenido a cinco personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
La denominada operación “Portus‑Cale”, ha permitido liberar a ocho víctimas, con edades comprendidas entre los 40 y los 74 años. El grupo criminal anulaban su autonomía y se aprovechaban de su situación de necesidad para tratarlo como “mercancía” de la que obtener beneficio.
Durante la investigación, también se ha constatado que una de las víctimas de la organización criminal decidió dejar de trabajar en las condiciones impuestas y marcharse, siendo atropellada en la carretera N-232 por tres vehículos, falleciendo como consecuencia del impacto.
Los explotadores mantenían a los trabajadores en una situación de dependencia, alojándolos en viviendas carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad: espacios precarios, con falta de higiene y sin comodidades básicas. Además, eran alimentadas con carne en mal estado y se les facilitaba el acceso al alcohol por parte de los explotadores como mecanismo de control y aislamiento social.
Las víctimas eran sometidas a jornadas de entre 12 y 16 horas diarias, sin respetar domingos ni festivos. No existía el descanso, solo la “plena disponibilidad”. Desde la poda de viñas hasta reformas integrales de inmuebles o servicios de portes, los trabajadores eran obligados a realizar cualquier tarea que el clan familiar ordenara.
Algunas víctimas acumulaban años de trabajo sin percibir salario alguno; otras cobraban cuatro euros por hora, de los que además se les descontaban gastos como tabaco y alcohol. Incluso llegaron a ser agredidas físicamente por el simple hecho de encontrarse enfermas y no poder acudir a su jornada laboral.
La operación se inició cuando la Guardia Civil detectó indicios de que varias personas de nacionalidad portuguesa, residentes en la localidad de Rincón de Olivedo (La Rioja), podrían estar siendo explotadas laboralmente por otros compatriotas.
Las primeras actuaciones permitieron centrar las actuaciones en un núcleo familiar encabezado por una mujer -conocida como la “jefa”-, que actuaba junto a su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos. Este grupo, asentado en dos viviendas desde las que se coordinaba toda la actividad ilícita.
El estudio patrimonial realizado en el marco de la investigación ha constatado que las dos principales responsables de la organización llegaron a ingresar en sus cuentas bancarias, en concepto de trabajos agrícolas, un total de 2.517.593 euros desde el año 2022.
La investigación ha permitido relacionar a diversos viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y la Ribera de Navarra contrataban los servicios del clan.
En este sentido, una bodega y un directivo de esta están siendo investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras haber recurrido de forma continuada a los servicios del entramado criminal. Según se ha podido constatar, la empresa llegó a abonar al grupo delictivo un total de 569.000 euros por estos servicios.
En muchos casos, estos clientes eran plenamente conscientes de la precariedad en la que se encontraban los trabajadores.
Con toda la información recabada, se practicaron siete entradas en inmuebles. En el operativo se incautaron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación para su análisis, así como ocho vehículos, cinco de ellos de alta gama, y se bloquearon de siete cuentas bancarias que los implicados mantenían activas.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra (La Rioja), con la colaboración con diferentes especialidades de la Guardia Civil.
