Anjinho hizo esta consideración en un encuentro informativo organizado en la capital comunitaria por Nueva Economía Fórum, al ser preguntada sobre cómo implementará la transparencia en el cumplimiento legal y financiero dentro de las instituciones europeas en relación con la discapacidad.
La Defensora recordó que forma parte del marco de la UE para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y que integra un comité con un poder de supervisión «muy importante» sobre cómo las instituciones cumplen con dicha Convención.
Anjinho explicó que esta labor de vigilancia la comparte con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), que elabora numerosos informes y realiza un seguimiento de áreas relevantes de la CDPD. Aun así, sostuvo que tanto su oficina como la agencia «pueden hacer más», tanto de forma individual como de manera conjunta.
La Defensora recordó una investigación de oficio que llevó a cabo hace tiempo, antes de ocupar el actual cargo, sobre la vida independiente y el uso de los fondos comunitarios. Subrayó que resulta esencial asegurar el respeto a la Carta de los Derechos Fundamentales cuando se aplican esos recursos europeos.
PLANTEAR QUEJAS
Detalló que para alcanzar conclusiones relevantes en aquel trabajo se apoyó en el conocimiento de las oficinas de los Defensores del Pueblo nacionales, y avanzó que podría retomar esa investigación estratégica del pasado para conocer también el estado actual de la cuestión.
Más allá de las pesquisas de iniciativa propia, Anjinho reconoció que depende en buena medida de las quejas que recibe. Admitió que ha recibido algunas en este ámbito, pero deseó que llegaran más, y enmarcó esa carencia en una cuestión de concienciación ciudadana sobre la labor de la institución.
Matizó que, sobre todo cuando se trata del personal de la UE, es importante reconocer que su oficina solo examina el procedimiento. Por ello, aclaró que no actúa como un tribunal que entre en el fondo de muchas de estas cuestiones.
