Así se puso de manifiesto en un diálogo celebrado en Servimedia sobre la sostenibilidad empresarial en el marco de ‘La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y las empresas’, con motivo de su 20 aniversario.
El consejero técnico de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Francisco Cana, apuntó a las cuotas de reserva, los incentivos a la contratación o las subvenciones para adaptar los puestos de trabajo como algunas de las estrategias con las que España ha logrado posicionarse entre los países más avanzados en esta materia. “España ha cometido acciones importantes”, resaltó, aunque admitió que todavía “queda mucho por hacer”.
Estas actuaciones como país hacen que España sea reconocida en el mundo por “su nivel de activismo institucional”, como señaló el director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo ONCE, Fernando Riaño. Ese reconocimiento se ha labrado gracias a la presencia española “en sitios relevantes” y por su trabajo “efectivo” en instituciones como la Organización Mundial de la Discapacidad, el Foro Europeo de la Discapacidad o el Comité Paralímpico Internacional.
“Reconocen a España y al activismo social como un referente y un activo de los más valiosos”, presumió Riaño, quien puso como ejemplo de inclusión laboral al Grupo Social ONCE, con unos 80.000 trabajadores. Además, agregó que la integración general de los trabajadores con discapacidad aporta un 11% del PIB de España.
También compartió esa percepción la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España, Cristina Sánchez, que definió a España como “un referente en ciertos aspectos en el trabajo con personas con discapacidad”. Sánchez aludió a los acuerdos de colaboración con la OIT y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos a los derechos de las personas con discapacidad.
La directora ejecutiva del Pacto Mundial defendió que la inclusión laboral de las personas con discapacidad “es un tema de competitividad, de retención de talento, de acceso a nuevos mercados y va más allá del cumplimiento normativo”.
20 AÑOS PARA CELEBRAR
La directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Estatal, Pilar Villarino, señaló en el diálogo que el 20 aniversario de la Convención es “una cifra redonda y es importante celebrarla”.
Villarino subrayó que la Convención es “lo mejor” que les ha pasado a las personas con discapacidad, porque ha permitido recoger en un tratado internacional el “cambio de paradigma” desde una visión asistencial a una visión de derechos exigibles.
En su repaso de estas dos décadas de la Convención, la directora ejecutiva del Cermi Estatal destacó las alianzas entre la sociedad civil y las empresas, para que todas puedan ser protagonistas de esos cambios.
“Siempre hemos estado en primera fila, en esa defensa de la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad y un ejemplo para otros países, y por supuesto que a escala europea no hay ninguna duda que España es uno de los países más avanzados en esto”, dijo Villarino, y recordó la presencia del Cermi en Nueva York como parte de la delegación española en las negociaciones para sacar adelante la Convención.
Además de la asociación con las empresas, también resulta fundamental la relación con la Administración. La jefa de Servicio de la Subdirección General de Diálogo Civil de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Laura Sánchez Beltrán, resaltó que su Dirección General “es la única de la administración que tiene un área concreta dedicada al diálogo civil” y aseguró que se trata de “un valor súper activo y súper potente” para el movimiento social de la discapacidad.
“Son el gran aliado de la Administración en este punto”, apuntó. Gracias a ese diálogo, se ha conseguido reformar la Constitución y ahora se trabaja en la modificación de las leyes de discapacidad y dependencia.
Sánchez Beltrán también observó que el consenso entre las partes ha supuesto “un cambio de paradigma muy importante para toda la sociedad” y no solo para las personas con discapacidad y el Gobierno. Este entendimiento está facilitando la adopción de “medidas concretas para avanzar hacia ese cumplimiento de la Convención”.
Por su parte, Cana señaló que, antes de la aprobación de la Convención, la OIT aprobó en 1983 el Convenio 159 sobre personas con discapacidad, “que fue un paso fundamental”, ya que establecía principios básicos sobre discapacidad y las obligaciones que debían tener los Estados para garantizar estos derechos.
Desde entonces hasta ahora, 85 países de los 187 que componen la OIT han ratificado el Convenio 159, lo que implica el 45% de todo el mundo. La OIT asesora a los Gobiernos para implementar planes de acción y apoya a las empresas mediante la elaboración de guías y recomendaciones para que fomenten las cuestiones relacionadas con la discapacidad en el diálogo social y en la negociación colectiva, como explicó Cana.
