El Comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, ha puesto en valor que Castilla-La Mancha trabaja en una accesibilidad universal “real y transversal”, destacando que esta “garantiza autonomía, igualdad de oportunidades y participación plena para toda la ciudadanía”.
Toledo, 28 de mayo de 2026.- El comisionado para la Accesibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha reafirmado hoy el compromiso del Ejecutivo autonómico con la accesibilidad universal como un derecho fundamental y un elemento clave para avanzar hacia una sociedad “más inclusiva, participativa e igualitaria”, durante las jornadas sobre Accesibilidad Universal organizadas por Castilla-La Mancha Inclusiva-Cocemfe en Toledo.
En este encuentro también ha estado presente el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, la directora general de Empleo, María Elena García y la delegada provincial de la Bienestar Social, Rosa María Quirós, junto a representantes institucionales, profesionales técnicos y entidades del movimiento asociativo vinculadas al ámbito de la accesibilidad universal.
Durante su intervención, Escudero ha destacado “el compromiso del Gobierno regional con las políticas de discapacidad” y ha señalado que la Consejería de Bienestar Social destina en 2026 “casi 86 millones de euros a políticas en materia de discapacidad”, de los cuales “más de 4,5 millones de euros se dirigen específicamente a la discapacidad física”.
En este sentido, ha explicado que estos recursos se traducen “en apoyos y en una red de atención que contribuye a mejorar la vida de las personas”. Asimismo, ha puesto en valor el respaldo del Ejecutivo autonómico a Castilla-La Mancha Inclusiva-Cocemfe, por lo que ha recordado que “el apoyo se mantiene y consolida desde la creación de la entidad en 2017”. Además, ha añadido que esta colaboración alcanza en 2026 “más de 220.000 euros”, destinados a “proyectos que mejoran la vida de las personas con discapacidad”.
Escudero ha participado tanto en la inauguración de este encuentro como en una ponencia centrada en el marco normativo autonómico y estatal, los avances recientes en políticas públicas de accesibilidad, los retos pendientes en entornos, servicios y procesos y el papel de la coordinación institucional y social. Asimismo, ha defendido “la importancia de reforzar la coordinación entre administraciones, entidades sociales y ciudadanía para continuar avanzando en accesibilidad universal y garantizar la plena inclusión y participación social de las personas con discapacidad”
“Cuando hablamos de accesibilidad no hablamos solo de rampas o ascensores; hablamos de poder entrar, participar, comprender y decidir de manera autónoma”, ha señalado Escudero, quien ha recordado además que la accesibilidad universal beneficia “al conjunto de la ciudadanía, tanto en entornos urbanos como rurales”.
En esta línea, ha puesto en valor el trabajo transversal que se viene impulsando desde el Gobierno regional a través del Comisionado para la Accesibilidad para coordinar políticas públicas en esta materia y seguir avanzando junto al Tercer Sector y los distintos agentes sociales implicados. En este contexto, ha destacado el proceso participativo impulsado para la elaboración de la futura Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha, mostrando su satisfacción “por la participación tanto de las entidades sociales como del conjunto de la sociedad” en este proceso.
Escudero ha explicado que el portal de participación ciudadana ha recibido ya cerca de 2.000 visitas y más de un centenar de aportaciones, y ha avanzado que esta misma semana se ha publicado el quinto bloque de la norma, que incorpora “instrumentos fundamentales para reforzar el compromiso con la participación activa de las entidades sociales”.
En este sentido, ha resaltado que este apartado contempla la creación del Consejo Regional para la Accesibilidad Universal, un órgano que, según ha explicado, “debe aglutinar al conjunto de actores sociales, al sector privado, colegios oficiales, universidades, las distintas administraciones y, por supuesto, a las entidades sociales, especialmente las vinculadas al ámbito de la discapacidad”.
