Los agentes de la Guardia Civil detectaron un incremento desproporcionado e inusual de solicitudes de empadronamiento en la localidad de Seseña (Toledo). En algunos domicilios figuraban empadronadas numerosas personas, llegando a registrarse hasta 91 empadronamientos en una misma vivienda.
Tras realizar un análisis pormenorizado de los expedientes de empadronamiento tramitados, la Guardia Civil comprobó que numerosas solicitudes habían sido efectuadas de forma reiterativa por las mismas personas o mediante contratos de arrendamiento en los que existían evidentes indicios de falsedad documental.
La investigación pudo determinar la existencia de una estructura organizada dedicada a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular de diferentes nacionalidades, principalmente Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto. Cobraban entre 300 y 400 euros a cada persona por regularizar su situación administrativa en España.
Los principales métodos utilizados consistían en la falsificación de documentos y en la presentación de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas, con el objetivo de obtener empadronamientos irregulares.
Los investigadores han podido recopilar múltiples denuncias y manifestaciones de víctimas, llegando a afectar a 400 personas.
