Sánchez solicitó, en una carta dirigida a Von der Leyen, que se aplique esta herramienta que permite dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la UE e instó a la Comisión Europea a destacadas figuras defensoras del derecho internacional de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense.
En un comunicado del Gobierno, sostienen que desde febrero de 2025, Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, y en julio de 2025 empezó a aplicar estas medidas contra Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados.
En la misiva, Sánchez alerta de que dichas sanciones «suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional». Las medidas de presión autorizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen la cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y «todo tipo de obstáculos para impedir que hagan su trabajo: investigar y perseguir la violación de derechos humanos», señala en la misiva.
Desde el Gobierno también advierten de que, tradicionalmente, el Reglamento (CE) nº 2271/1996, conocido como Estatuto de Bloqueo, ha servido para proteger a operadores económicos europeos contra la aplicación extraterritorial de leyes de terceros países que afecten a los intereses de la UE (actualmente se aplica sobre determinadas normas de Estados Unidos).
Así, según las mismas fuentes, en el escrito dirigido a la Comisión, el Gobierno de España plantea que es el momento de que este mecanismo «supere la lógica comercial con la que fue creado» y sirva como escudo frente a medidas que pongan en riesgo el sistema Para llevarlo a cabo, la Unión Europea tendría que incluir la norma extranjera lesiva en el anexo del Reglamento. En este caso, España solicita incorporar varias órdenes ejecutivas estadounidenses, dictadas al amparo de la International Emergency Economic Powers Act y la National Emergencies Act, en las que se sustentan las sanciones.
La carta recuerda que la Corte Penal Internacional tiene un papel esencial en la lucha contra la impunidad y en la rendición de cuentas frente a los crímenes más atroces (genocidio, crímenes de guerra, agresión y lesa humanidad), y que los relatores especiales de Naciones Unidas desempeñan una función clave para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos. Por ello, las sanciones no solo afectan a sus titulares, sino que «erosionan toda la arquitectura normativa que sustenta las relaciones internacionales», recalcó Sánchez.
«España ya está trabajando para recabar el apoyo de otros Estados miembros comprometidos con la justicia internacional y la defensa de derechos humanos para articular una coalición que respalde la solicitud ante la Comisión», señaló. Además, promoverá la inclusión de este asunto en el orden del día del Consejo Europeo del 18 y el 19 de junio, con el objetivo de que sus Conclusiones recojan un mandato político explícito a la Comisión.
«Nuestro compromiso compartido con el Derecho Internacional exige una respuesta decidida y coherente», afirmó Sánchez en su escrito. «En un momento de incertidumbre global en el que algunos actores intentan demoler el orden internacional, la UE debe reforzar su compromiso con los pilares de un sistema de paz y progreso construido durante generaciones», agregó.
Por último, indicó que «la activación del Estatuto de Bloqueo es una oportunidad para continuar apuntalando una soberanía europea real y efectiva, más allá de la protección de los intereses económicos».
