La Coalición EUFunds4Social reclama Fondos FSE+ y FEDER autónomos, con presupuestos específicos, un refuerzo de la inversión social vinculada al Pilar Europeo de Derechos Sociales, protección de la financiación para la inclusión social, la pobreza infantil, el sinhogarismo y el empleo juvenil y una sólida colaboración con la sociedad civil y las autoridades locales y regionales.
Consideran que la cohesión social de Europa depende de las decisiones que se adopten en el próximo presupuesto de la UE y por ello han dirigido una carta a António Costa, presidente del Consejo de Europa, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, Chipre, como país que asume la actual presidencia rotaria del Consejo de la Unión Europea y los primeros ministros de los 27 países miembros de la Unión Europea.
En la carta explican que los representantes de esta Coalición “somos quienes implementamos el Presupuesto de la UE. Somos quienes generamos resultados a nivel local, garantizando que la financiación de la UE llegue a las personas a través de programas de empleo, educación y formación, inclusión social, salud, atención y servicios sociales en toda Europa. Somos ONG, servicios sociales, proveedores de salud pública y servicios, agentes de aprendizaje permanente y de la economía social, trabajadores y interlocutores sociales. Representamos a millones de organizaciones, empresas y personas. Unimos fuerzas bajo la Coalición EUFunds4Social para garantizar que el gasto social siga siendo un pilar central del próximo presupuesto de la UE”.
La Coalición señala en su carta que el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) han demostrado su eficacia precisamente porque incorporan las características clave de una sólida arquitectura de financiación social: inversión específica, asignación de fondos para llegar a los grupos excluidos, promoción de enfoques de colaboración, apoyo a la innovación social y la asunción de riesgos, y prioridades europeas claras adaptadas a las necesidades locales.
Concluyen que, “si bien el objetivo de mejorar la coordinación y las reformas intersectoriales es comprensible, la propuesta de la Comisión Europea de Planes Nacionales y Regionales de Asociación (PNRA) recorta el gasto social y compromete una estructura de financiación probada. Debilita los presupuestos específicos, las asignaciones vinculantes para los más vulnerables, la gobernanza descentralizada y el papel de las autoridades locales/regionales y la sociedad civil. Además, el marco de desempeño basado en resultados propuesto corre el riesgo de favorecer las intervenciones más seguras y fáciles de implementar, en detrimento de acciones más innovadoras, centradas en la persona y transformadoras. También puede aumentar el riesgo de que los costes de infraestructura reduzcan la proporción de financiación que llega directamente a las personas y las comunidades”.
