Según informó la ONG este sábado, la protesta coincidió con la celebración de la primera prueba de la Copa del Mundo de Remo en Sevilla y no dificultó el desarrollo de las regatas que discurrieron por la Dársena del Guadalquivir.
Sin embargo, la organización ecologista señaló que quiso llamar la atención de la comunidad internacional sobre los peligros que afronta el río que acoge este prestigioso evento deportivo.
En este sentido, el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, declaró que “mientras la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla venden a bombo y platillo las bondades del Guadalquivir para eventos deportivos y conciertos flotantes, están firmando su sentencia de muerte con la aprobación de estos vertidos”.
“Es hora de aprender del pasado. Aznalcóllar ya fue la crónica de un desastre anunciado: la sociedad civil se desgañitó alertando sobre lo que iba a pasar; ahora, lamentablemente, la historia se repite”, continuó.
AGUAS CONTAMINADAS
De hecho, explicaron desde Greenpeace, la Junta de Andalucía dio luz verde al Grupo México y su filial Los Frailes para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, lo que supondría un vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante más de 18 años a través de una tubería de 30 kilómetros que iría desde el recinto minero hasta el estuario del Guadalquivir.
Por otra parte, añadieron, “otra empresa minera situada en la Algaba quiere reabrir la mina de Cobre las Cruces y realizar un nuevo vertido de más de 32 mil millones de litros durante 14 años”.
Ambos vertidos llevarían disueltos metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio y afectarían a Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir, que forma parte de la Red Natura 2000, así como sobre el Espacio Natural de Doñana, ya amenazado por otras presiones antrópicas.
Por otro lado, Greenpeace advirtió de que el estuario del Guadalquivir ya presenta signos de contaminación debido a los vertidos producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como constató el estudio realizado por científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada.
EVIDENCIA CIENTÍFICA
En este estudio, se comprobó la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea (UE) en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. Igualmente, se comprobó la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en galeras, un crustáceo de muchísimo consumo en la zona de la desembocadura.
La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río, comprometiendo el futuro de los sectores agrario, pesquero y mariscador de la zona, de importancia capital para la economía y el desarrollo local, advirtieron desde la organización ecologista.
Por este motivo, Greenpeace recordó que “sería necesario comprobar si están viéndose afectadas otras especies de peces y crustáceos de gran importancia para el turismo y la gastronomía local, como la acedía, el cangrejo rojo, la gamba o los langostinos de la desembocadura del Guadalquivir”.
VERTIDOS HACIA EL OCÉANO
Por todo ello, denunció que “las autorizaciones de vertido concedidas por la Junta de Andalucía ignoran una realidad científica crítica: el río Guadalquivir no funciona como un canal de evacuación hacia el océano, sino como un gigantesco depósito de las sustancias que se vierten en él”.
A pesar de que las empresas mineras aseguran cumplir con los límites de disolución, la dinámica sedimentaria del estuario “convierte estos vertidos en una amenaza acumulativa y permanente”, aseguraron los ecologistas.
Numerosos estudios científicos avisaron de que la dinámica hidrológica del río impide que los metales pesados salgan al mar: la presa de Alcalá del Río actúa como un «fondo de saco», frenando el empuje de las mareas que van estuario arriba y obligando a los sedimentos a decantar, asentándose en el fondo, subrayó Greenpeace.
Ante esta situación, la ONG exigió “la paralización inmediata de las autorizaciones y una moratoria a las prospecciones mineras en la zona”. Por otro lado, reclamó la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe el impacto acumulativo de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces.
