UGT Servicios Públicos denuncia que el Sescam ha abierto la puerta a que las empresas concesionarias del servicio de transporte sanitario por carretera puedan seguir utilizando ambulancias de más de 10 años de antigüedad, vehículos -por tanto- que han superado la antigüedad máxima y a las que se les debe retirar la correspondiente certificación técnico-sanitaria.
El sindicato acusa a la administración de primar el interés y el beneficio de estas empresas concesionarias por encima de la seguridad de pacientes y usuarios, máxime cuando -recuerda- las condiciones en las que se encuentran muchos de estos vehículos son muy deficitarias.
En este sentido, y tal y como UGT Servicios Públicos viene denunciando sistemáticamente en los últimos años, el parque de ambulancias de Castilla-La Mancha está sumamente envejecido, con vehículos con cientos de miles de kilómetros y constantes averías; con deficiencias mecánicas y de equipamiento; con material defectuoso; y con un mantenimiento claramente insuficiente.
Este año el sindicato seguía denunciando la existencia de ambulancias de urgencias que estaban siendo empleadas sin cumplir los requisitos mínimos de la normativa vigente y que aquellas con más de 10 años de antigüedad no estaban siendo renovadas.
La resolución del Sescam de este mes de mayo que establece dicho régimen excepcional supone ahondar aún más en la precariedad y deterioro de estos vehículos y en los riesgos que ello representa para la seguridad de los pacientes y usuarios y de los trabajadores y trabajadoras.
Ya que el Sescam ha decidido ampliar el plazo de renovación de las ambulancias, le pide que asuma su competencia y capacidad de inspeccionar y revisar las condiciones técnico-sanitarias de las mismas y que traslade al sindicato la situación de todo el parque móvil sanitario de Castilla-La Mancha.
Si bien está previsto que este régimen excepcional concluya una vez que las nuevas empresas concesionarias se empiecen a hacer cargo del servicio -previsiblemente en el mes de octubre o noviembre-, UGT advierte de que el inicio de la prestación del servicio podría retrasarse en el tiempo, lo que prolongaría aún más la vida útil de las ambulancias.
Concluía afirmando que seguirá vigilando y denunciando cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes y de las personas trabajadoras.
