Ramón Gallego compareció arropado por la alcaldesa Foto: GACETA
Gabriel Jaime
El concejal de Hacienda y Personal, Ramón Gallego, ha respondido públicamente a la nota emitida por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, en la que anunciaban la ruptura de las negociaciones del nuevo Acuerdo de Relaciones Laborales al considerar que la propuesta de la corporación suponía ‘una pérdida de derechos adquiridos’ para los trabajadores municipales. En una rueda de prensa, rechazó tajantemente esas acusaciones y aseguró que “eso es rotundamente falso”. El edil respondió así al comunicado emitido por los representantes sindicales del Ayuntamiento tras la última reunión celebrada el pasado 5 de mayo, y que difundieron después en las diferentes dependencias municipales.
Gallego ha defendido que el equipo de gobierno había presentado un borrador “donde se respetaba íntegramente el contenido esencial del acuerdo marco vigente desde 2007” y que además incluía “mejoras económicas y laborales que nunca habían existido en este ayuntamiento”. Entre esas mejoras citó la actualización de las horas extraordinarias, “que a fecha de hoy todavía siguen sin actualizarse desde 2007”, así como compensaciones por guardias y disponibilidad, además de gratificaciones por nocturnidad, turnicidad, festivos y jornada partida. “Había mejoras reales encima de la mesa, aunque posiblemente no les afectaba a la mayoría de los representantes sindicales.”, apostilló. El edil explicó que, en este tiempo de negociaciones, apenas se había avanzado hasta el artículo 25 del borrador y señaló que los principales desacuerdos surgieron en cuestiones relacionadas con los derechos sindicales y las competencias organizativas del consistorio. Según indicó, “aquí está el verdadero fondo del problema, porque esta corporación sí está dispuesta a negociar condiciones laborales, lo que no puede hacer es firmar cuestiones que chocan directamente con la ley”.
El edil argumentó que algunas de las propuestas sindicales excedían el marco legal establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, especialmente en lo relativo a la organización interna y los procesos de acceso al empleo público. En este sentido, criticó la petición de incluir un vocal designado por los sindicatos en los tribunales de selección. “Los procesos selectivos en la administración pública deben garantizar imparcialidad, objetividad, igualdad, mérito y capacidad”, afirmó, añadiendo que “una cosa es negociar y otra muy distinta es pretender intervenir en decisiones y órganos que deben mantenerse neutrales e independientes”.
Responsabilidad jurídica
El responsable de Personal aseguró que el equipo de gobierno actuó por “responsabilidad jurídica” y rechazó aceptar un acuerdo “que pudiera ser impugnado al día siguiente de su publicación”. Además, defendió la gestión realizada desde la llegada de la actual corporación en junio de 2023, destacando la oferta de cerca de 60 plazas públicas, la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo tras casi dos décadas sin actualizarse y la implantación de protocolos de igualdad, acoso laboral y LGTBI.
Durante su intervención también criticó la actitud del grupo socialista, al que acusó de no participar activamente en las negociaciones. “Ha sido, sencillamente, inexistente. Ni una propuesta, ni una aportación, ni una medida concreta”, lamentó, añadiendo que “ellos también, junto con los sindicatos, se levantaron de la mesa”. Asimismo, recordó que el actual Comité de Empresa tiene el mandato vencido desde enero y afirmó que “siguen sin convocarse elecciones sindicales que permitan renovar democráticamente esa representación”. A su juicio, “eso sí es un bloqueo a la propia democracia”.
El trabajo continúa
Gallego reiteró que el Ayuntamiento continuará negociando y trabajando en nuevas medidas organizativas, anunciando además futuras reuniones con la Policía Local para avanzar en un reglamento específico que mejore sus condiciones operativas y organizativas. “Por parte de esta corporación, no ha habido ningún ataque a los derechos de los trabajadores, sino que lo que ha habido es una negativa a aceptar propuestas que nuestros asesores jurídicos consideraban incompatibles con la normativa vigente”, recalcó.
Por su parte, la alcaldesa de La Solana, Luisa Márquez, mostró su respaldo al concejal y destacó “los hitos conseguidos” en menos de tres años en materia organizativa. La regidora aseguró que “la potestad de dirección del ayuntamiento no puede ser objeto de negociación” y defendió que el equipo de gobierno estaba dispuesto a introducir mejoras laborales y económicas para toda la plantilla municipal. Igualmente, criticó la actitud de la oposición. “Nos gustaría un poquito más de apoyo por parte de esos grupos políticos que se levantan de las mesas de trabajo sin dar más explicaciones”, apostilló.
