Las revueltas del campo ahora se gestan en WhatsApp y Telegram. Este martes, cientos de tractoradas improvisadas colapsaron las carreteras españolas, provocando cortes y retenciones, para protestar contra la crisis que atraviesa el campo por la sequía, el incremento de costes y los precios insuficientes para cubrirlos, la competencia desleal de las importaciones, pero sobre todo, para reclamar el fin de la asfixia burocrática y medioambiental de la Política Agraria Común (PAC). La ira agrícola se manifestó en prácticamente todas las comunidades autónomas mediante iniciativas particulares que se han movido en redes sociales y al margen de las organizaciones agrarias –Asaja, COAG y UPA–, cuyo calendario de protestas oficial arrancará el 8 de febrero y se extenderá durante todo el mes.
Los cortes con tractores de las principales carreteras y vías comarcales españolas arrancaron desde primera hora de la mañana, con especial incidencia en las autovías A-1; A-2; A-3; A-4; A-5; A-6; A-92; A-42; A-66; A-50; A-62; o A-30. La intención de muchos de estos agricultores era llegar hasta las capitales de provincia y comunidades autónomas, pero el despliegue policial en las autovías lo impidió. En Madrid, el Ministerio del Interior desplegó a los antidisturbios. Otros muchos pusieron el foco en los grandes centros logísticos y consiguieron bloquear los accesos al Puerto de Málaga y Mercazaragoza. 80 tractores que partieron desde Ávila la noche del lunes también intentaron llegar a Mercamadrid, pero el despliegue policial los bloqueó en Getafe. Más allá de los cortes, circulación en nivel rojo y colapsos, durante la jornada del martes apenas se registraron incidentes a excepción de la detención de un agricultor en Valladolid supuestamente por agredir a un agente de la Policía Nacional. También se produjeron volcados de estiércol y quemas.
Para hoy sólo estaba prevista oficialmente una protesta en la provincia de Burgos, convocadas por Unión de Uniones, el resto de movilizaciones fueron espontáneas, no contaban con las autorizaciones de las delegaciones de Gobierno de cada comunidad autónoma –comunicación por escrito 10 días antes o con 24 horas sólo en caso de urgencia– y, por tanto, sus asistentes se exponen a multas. Además, los manifestantes también pueden sufrir sanciones graves (de hasta 30.000 euros) por la ocupación y obstaculización de vías y espacios públicos que ocasiones una alteración de la seguridad ciudadana, tal y como recoge la «Ley Mordaza». Sobre esta cuestión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que su departamento debe garantizar el derecho a manifestación del campo, pero también el suministro de servicios esenciales y el derecho de los ciudadanos a desarrollar una vida segura.
En la red social X (antes Twitter), algunos agricultores comparten que ya han sido multados, pero, inspirados por Francia, aseguran que el campo no puede esperar para actuar y mañana, miércoles, la oleada de protestas se recrudecerá. «Es una pena porque nos hemos tenido que movilizar a través de WhatsApp, porque los sindicatos está clarísimo que no mueven ni un dedo. Demasiada burocracia y demasiados billetes para los sindicatos, con lo cual ellos no se quejan. Ahora, cuando han visto que nos hemos empezado a movilizar están hablando de sus propias movilizaciones, pero nosotros hemos tenido que dar el primer paso», subrayó un agricultor en declaraciones a Telemadrid. Cabe señalar que detrás de algunas tractoradas estaba una nueva organización, el 6F Sector Primario, que en su primer manifiesto incluía reivindicaciones que nada tienen que ver con el campo, como eliminar las subvenciones a sindicatos y partidos o cambiar el sistema electoral. Estas desaparecieron en una segunda versión del texto.
