Por ello, desde el Ejecutivo autonómico defendieron que corresponde al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, “obligaciones regladas e imperativas en materia de prevención y vigilancia, sin margen de apreciación ni discrecionalidad en cuanto a su ejercicio, para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones”.
En este sentido, señalaron que un informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid ha constatado que la acampada en la Puerta del Sol “genera una evidente y manifiesta afección física y directa” a dos Bienes de Interés Cultural (BIC), la Real Casa de Correos y la Escultura del Oso y el Madroño, lo que “podría constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural, motivo por el que la Administración del Estado debería actuar de inmediato y en virtud de sus competencias”.
En el caso de la sede de la Presidencia autonómica, el escrito refleja cómo “se ha podido ver a personas subiendo a su fachada, trepando por las ventanas y rejas, en elementos que no están diseñados ni construidos para soportar el peso, tirones y agarres de personas, lo que puede implicar el desgarre, la rotura y otras afecciones directas”. En la escultura, “expone el claro intento de desvirtuar un bien patrimonial que forma parte de la historia colectiva de todos los madrileños”.
DAÑOS AL PATRIMONIO
Así, inciden en la relación de daños que afectan a la Puerta del Sol por la acampada ilegal: “Trepar y subirse a la fachada de la Real Casa de Correos, utilizando ventanas y rejas como puntos de apoyo; ejercer peso, tirones y agarres sobre elementos arquitectónicos no preparados para soportarlos, con riesgo de rotura, desgarro y otros daños; realizar pintadas y grafitis en la fachada y en otros elementos del conjunto protegido”.
Además, subir a la escultura del Oso y el Madroño, “sometiendo tanto la pieza de bronce como su pedestal a un peso excesivo; colocar pegatinas que deberán ser retiradas por un restaurador utilizando los medios físicos y químicos; colocar cuerdas, banderas y otros objetos ajenos al conjunto histórico sobre la escultura y los elementos patrimoniales, alterando su imagen y la correcta percepción de sus valores patrimoniales».
Por último, “ocupar total de la plaza, dificultando la visión, el acceso y el disfrute del espacio protegido; e impedir la inspección de determinadas zonas, por la dificultad de acceso al interior del espacio ocupado, lo que imposibilita comprobar otros posibles deterioros”.
