La Oficina de Gabilondo indicó en un comunicado que ha adoptado esta decisión tras haber recibido «diversas peticiones de solicitud de amparo ante el TC de particulares y entidades, y tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre».
El Supremo rechazó el lunes el recurso presentado por la Abogacía General del Estado para anular las medidas cautelares establecidas a principios de septiembre contra la aplicación de la ‘ley de nietos’, que paraliza la posibilidad de que extranjeros nacionalizados por ser descendientes de exiliados del franquismo voten en las elecciones.
El Gobierno pretendía, a través de la Abogacía del Estado, que dichos nacionalizados pudieran votar en las elecciones generales del 29 de noviembre pero el Supremo tumbó esa posibilidad al entender que dichas nacionalizaciones y su inscripción en el Censo Electoral no se han hecho de forma correcta, al no aportarse la documentación necesaria para probar que realmente son descendientes de exiliados políticos por el franquismo.
El Supremo dio un plazo de cinco días a los afectados para que pudieran recurrir de forma individual. Ahora, el Defensor del Pueblo da este paso en nombre de algunos de ellos y lleva el asunto directamente al Tribunal Constitucional para que dirima al respecto.
Hace unos días, Gabilondo participó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que aseguró que «no se puede ser español sin derecho al voto» y criticó que con la suspensión de esta norma se pretenda abrir un debate sobre «quiénes son españoles, muy españoles o muy muy españoles». En su opinión, emprender ese camino podría llevar a «cinco años para saber quienes son los de una vía y quiénes son los de la otra».





















