Tal y como reflejan los datos del Índice de Precios de Vivienda correspondientes al segundo trimestre de 2026 publicados hoy por el INE, el precio de la vivienda en nuestra región presenta una subida notable. La tasa anual se sitúa en el 11,7 % en la región. Por tipo de vivienda esta tasa se sitúa en el 8,8 % en la nueva, mientras que la subida asciende al 12 % en la de segunda mano. Y en cuanto a la variación trimestral, la tasa se situó en un 4,3%. Registrando una subida del 0.9 % en la vivienda nueva, y de un 4,8 % en la de segunda mano.
Con estos datos, desde UGT CLM consideran absolutamente necesario implementar medidas para garantizar el derecho a la adquisición de una vivienda
“Con los salarios actuales, no es posible garantizar el derecho a la adquisición o alquiler de una vivienda, es una realidad el que, de media en España, las personas trabajadoras necesitan más de 47 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media. El precio de este bien básico se come los salarios, por lo que debemos adoptar soluciones urgentes para solucionar este grave problema”.
Por todo ello, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores proponen introducir el precio de la vivienda como parámetro importante a tener en cuenta a la hora de fijar salarios en la negociación colectiva.
“El crecimiento económico y la creación de empleo son imprescindibles, pero no suficientes. Las subidas del SMI, la reforma laboral, el refuerzo de determinadas prestaciones y el Ingreso Mínimo Vital han contribuido a evitar un escenario peor. Sin embargo, continuamos teniendo problemas estructurales como son los salarios insuficientes; la parcialidad; la desigualdad territorial…problemas que debemos solucionar. La vivienda ha dejado de ser solo un problema de acceso para determinados colectivos y se ha convertido en un problema central de redistribución de la riqueza y de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora”.
Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que antepongan el derecho a la vivienda de millones de personas y se de seguridad jurídica al nuevo Decreto Ley sobre vivienda.
