En un auto dictado este miércoles, Tardón acuerda múltiples diligencias, solicita a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos. También reclama los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.
La magistrada cita a Vivas para el 30 de septiembre y al exjefe de Gabinete para el 1 de octubre. El mismo día 1 de octubre acuerda tomar declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.
Las tres declaraciones tienen hora fijada: el presidente ceutí comparecerá a las 10.00 horas y, al día siguiente, el jefe de la Policía Local a esa misma hora y el exjefe de Gabinete a las 12.00. La instructora los considera testigos «prioritarios» para conocer de forma directa qué información existía antes de los hechos y qué previsiones se manejaban.
«POSIBLES RAMIFICACIONES INTERNACIONALES»
El auto recuerda que la causa indaga en las «conductas delictivas derivadas de la entrada masiva irregular de inmigrantes» desde Marruecos y subraya la magnitud de lo ocurrido: una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas y 83 fallecidos asociados a los hechos. La jueza pide un informe que determine las causas de esas muertes y la influencia de las condiciones del cruce.
Ese mismo informe deberá aclarar «la posible intervención de terceros en la generación del riesgo que desembocó en dichas muertes». La magistrada añade que la investigación afecta a intereses esenciales del Estado y que versa sobre una actuación «organizada, compleja y con posibles ramificaciones internacionales», con «un elevado número de personas aún no identificadas».
Las diligencias las había pedido la Fiscalía y la instructora las asume por entero, con algunas precisiones. Sostiene que no son exploratorias, sino actuaciones concretas dirigidas a verificar hechos ya delimitados, y concluye que «no existe otro medio menos gravoso o más eficaz» para alcanzar los fines de la investigación en este momento.
El bloque de las alertas es uno de los más amplios. Tardón reclama a los responsables de varias unidades de Policía Nacional y Guardia Civil, al delegado del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio y correos electrónicos sobre el riesgo de entrada masiva emitidos entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
También quiere saber qué se hizo con esa información: quién recibió cada aviso, a qué hora y qué medidas se adoptaron en respuesta. Al director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta le reclama las comunicaciones emitidas y recibidas sobre la avalancha y un detalle de la ocupación diaria del centro durante julio y agosto.
RASTREO DIGITAL Y DINERO
La juez ordena además reconstruir cómo se organizó la convocatoria en internet. Pide al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) el informe íntegro sobre organización digital, la lista de teléfonos detectados como administradores o dinamizadores y los perfiles empleados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram, con sus datos de geolocalización y horarios de conexión.
En paralelo, acuerda dirigirse a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple para que conserven y remitan los datos de registro de las cuentas usadas en la difusión, las direcciones IP, los dispositivos, los correos vinculados y el contenido de grupos y canales entre el 1 de julio y el 15 de agosto. Esa parte del caso será secreta.
Otro frente es la identificación de quienes aparecen coordinando sobre el terreno en las imágenes del informe policial. Para ello, la instructora encarga un análisis biométrico y de reconocimiento facial, con cotejo en bases policiales, de fronteras, Interpol y Europol. Reclama también un informe sobre los agentes uniformados que figuran en las grabaciones y sobre la cadena de mando en la zona de Fnideq-Castillejos.
Para completar el relato visual, requiere al Estado Mayor de la Defensa las imágenes de satélite y de vídeo de la playa de Fnideq-Castillejos y de la playa ceutí de El Trampolín entre el 20 de julio y el 7 de agosto, y pregunta a una empresa tecnológica quién le encargó fotografías por satélite de la franja fronteriza. Con todo ello se elaborará un único informe pericial audiovisual.
Además, la juez encarga a la UDEF de la Policía Nacional y a la UCO de la Guardia Civil un informe sobre movimientos económicos en la zona, envíos informales de fondos, sistemas ‘hawala’ y contratación de autobuses, porque una movilización así «difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros».
