Desde esta mañana, el pleno del TC empezó a debatir esa ponencia sobre el recurso de amparo interpuesto por Turull contra la negativa del Tribunal Supremo (TS) a aplicarle la amnistía concedida por el Gobierno a los implicados en el ‘procés’ en relación a la pena de inhabilitación absoluta impuesta por el delito de malversación. Una deliberación que llegaba después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) avalase la medida de gracia y a los pocos días de que el TS rechazara la petición del expresidente de la Generalitat, quien se fugó a Bélgica en 2017, de ser amnistiado por el delito de malversación.
Fuentes jurídicas confirmaron que la ponencia de Macías, que avalaba las tesis del magistrado del TS Pablo Llarena de no aplicar la amnistía para el delito de malversación, fue rechazada con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco de los conservadores.
Sin embargo, Macías no cederá la redacción de una nueva ponencia a otro magistrado y la elaborará él mismo con los argumentos expresados por la mayoría, la cual se presentará ante el pleno del próximo 6 de octubre, confirmó poco después el TC en un comunicado. Todo apunta a que el magistrado incluirá un voto particular contrario.
La decisión sobre Turull marca la pauta de los demás recursos de amparo de los condenados por el ‘procés’ y servirá de guía para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa. La doctrina alcanzará también a Antoni Comín y Lluís Puig, que huyeron con el expresidente catalán.
En ese mismo pleno del día 6 de octubre se presentará también la ponencia correspondiente al recurso de amparo interpuesto por Bassa por los mismos motivos, la cual corresponde al presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido.
Las respectivas sentencias que se aprueben marcarán el ritmo al que Llarena resolverá la situación de Puigdemont, pues si de ellas se desprende una doctrina clara extrapolable al expresidente catalán, todo apunta a que, en principio, no esperará a que el TC examine su recurso, aplicándole de este modo la medida de gracia y retirando la orden de detención nacional que pesa sobre él. Algo que también implicaría al resto de condenados y a los fugados.
