La iniciativa del PP, anunciada este domingo, plantea que la prestación y el permiso correspondiente puedan prorrogarse más allá de los 26 años cuando el hijo se encuentre en situación de discapacidad igual o superior al 65% o de gran dependencia y siga necesitando cuidados directos, continuos y permanentes.
En este sentido, la formación señala que cumplir una determinada edad no implica que desaparezcan automáticamente la enfermedad, la discapacidad o la necesidad de cuidados. Por ello, reclama una modificación legislativa urgente que impida que estas familias pierdan su protección exclusivamente porque sus hijos hayan alcanzado el límite de edad actualmente establecido.
“Una enfermedad grave no desaparece al cumplir 26 años y la protección pública tampoco puede hacerlo. Ninguna madre ni ningún padre debería verse obligado a elegir entre cuidar de su hijo o conservar su empleo y sus ingresos”, afirma la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, en unas declaraciones reflejadas en la nota de prensa divulgada por la formación.
La moción exige también al Ejecutivo que garantice una financiación “suficiente, estable y adecuada” para que cualquier ampliación de la prestación pueda aplicarse con seguridad jurídica y no se convierta en un derecho reconocido sobre el papel, pero sin respaldo presupuestario.
Además, la iniciativa reclama adaptar la CUME a la realidad asistencial actual. Así, el PP apuesta por reconocer situaciones como la hospitalización domiciliaria y la atención ambulatoria especializada, reducir la burocracia, establecer criterios comunes para las mutuas y entidades gestoras, favorecer la corresponsabilidad entre progenitores y revisar los casos de las familias que ya hayan perdido la ayuda por alcanzar el límite de edad.
El PP propuso estas mejoras en la protección de las familias con hijos afectados por cáncer u otras enfermedades graves mediante la presentación de enmiendas en el Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia. Sin embargo, el Gobierno las vetó alegando un incremento del gasto.
Para la oposición, esta reacción del Gobierno a sus enmiendas “demuestra la falta de previsión y de recursos suficientes por parte del Ejecutivo de Sánchez para poner en marcha la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia”.
