Según el Gobierno, supone una “refundación” del modelo de cuidados en España, ofreciendo “más derechos, servicios y prestaciones y menos burocracia” para las personas en situación de dependencia y las personas con discapacidad, además de “blindar” la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incorporando en la ley la “obligación” de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión.
Durante su intervención desde la tribuna en defensa de la iniciativa, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, celebró que en esta sesión “culmina” la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia “después de tres años de durísimo trabajo por parte del ministerio y por parte de esta cámara también, aunque la historia es mucho más larga” y recordó que la “histórica” reforma constitucional del artículo 49 “mandató al Gobierno y a esta cámara para hacer lo que hoy está culminando», esto es «mandar al Boletín Oficial del Estado la que es la mayor reforma social en décadas en este país”.
Tras afirmar que el Gobierno se ha “dejado la vida en llegar a este día”, se mostró “plenamente consciente de que si esto está sucediendo hoy aquí, si hemos llegado hasta aquí, es gracias al trabajo del Cermi, de la ONCE, de Cocemfe, de Plena Inclusión, de Ceafa, de Ceoma”, entre otras entidades y organizaciones y “del tercer sector en su conjunto”, a quienes quiso “agradecer y reconocer su labor” y trasladar su “admiración por haber sabido ejercer de manera ejemplar la responsabilidad y el papel que las organizaciones sociales tienen en una democracia”.
En este contexto, lamentó que en esta legislatura no se haya “teñido de verde” el arco parlamentario “entero” porque “siempre ha habido una excepción, que es la ultraderecha que ha votado en contra sistemáticamente de cada una de estas reformas”.
“Y yo hoy quiero decirlo aquí para que se sepa, para que conste y para que esto les persiga para siempre, porque cuando esta cámara, en un ejercicio de consenso absolutamente transversal, que es el de la sociedad española, se ha puesto de acuerdo para atender las reclamaciones, las demandas más justas de nuestros compatriotas más vulnerables, para hacerles la vida un poco mejor, han votado que no, siempre, sistemáticamente”, denunció.
En la misma línea, aseguró que “por muy grande que sea el crucifijo que lleven, qué malos cristianos son; por muy grande que sea la banderita que lleven, qué malos patriotas son” y, en relación al PP, dijo que “unas veces ha estado en el verde, otras en el amarillo, a veces lo han apoyado, otras se han abstenido”.
“En el Senado, sin negociar ni hablar con el Gobierno de nada han añadido un montón de cuestiones, algunas importantísimas, otras incomprensibles y es evidente que en el planteamiento aquí hay la voluntad de generar hoy un choque en el que yo no voy a entrar”, apostilló, al tiempo que se comprometió a sacar adelante “con el mayor consenso posible y de la manera más coherente posible” la “cuestión de la CUME y otras tantas necesidades acuciantes” que “han quedado aparcadas porque no han querido ni siquiera sentarse a hablar de la Ley de familias” y ello “sin instrumentalizar ni utilizar como arma arrojadiza cuestiones tan absolutamente imprescindibles, urgentes y necesarias”.
Por el PP, Violante Tomás puntualizó que “un derecho no comienza cuando se publica en el BOE, sino cuando llega a la vida de una persona y la dignifica”.
“Queremos que esos derechos sean reales y saber quién los va a financiar y cuándo van a poder disfrutarlos las personas que lo necesitan, porque reconocer un derecho y garantizarlo es muy diferente”, advirtió, al tiempo que se preguntó “cómo puede garantizar el Gobierno derechos adquiridos si en esta legislatura no ha aprobado presupuestos”. En este contexto, explicó que las 45 enmiendas presentadas por el PP pretendían “mejorar la vida de las personas” con “más libertad, más dignidad, menos barreras y menos impuestos”.
