El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha explicado que Castilla-La Mancha defiende que la PAC establezca una gobernanza compartida entre Estado y comunidades para la planificación y gestión de las intervenciones agrarias, aunque reclama que las regiones dispongan de capacidad suficiente para diseñar y gestionar las medidas adaptadas a sus necesidades territoriales.
La región reclama un paquete de apoyo a jóvenes agricultores que incluya ayudas a la instalación, acceso a financiación, tierra, formación y digitalización.
El consejero ha destacado que la unidad es fundamental para fijar una posición común ante Europa en la negociación de la futura PAC y de su presupuesto.
Madrid, 16 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende una Política Agraria Común (PAC) más sencilla, con menor carga burocrática y ayudas más eficaces, que apoye a los agricultores y ganaderos y a los sectores estratégicos de la región y apueste de forma decidida por el relevo generacional.
Así lo ha trasladado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante su participación en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios para abordar el debate sobre la reforma de la PAC y la definición de la posición de España en las negociaciones europeas y la Conferencia Sectorial de Agricultura.
Julián Martínez Lizán ha explicado que Castilla-La Mancha defiende que la PAC establezca un modelo de gobernanza compartida entre el Estado y las comunidades autónomas para la planificación y gestión de las intervenciones agrarias. También apuesta porque sea una gobernanza que asegure la participación de las organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y demás agentes del sector y plantea que el Ministerio de Agricultura mantenga las funciones de coordinación general y relación con la Unión Europea.
No obstante, el consejero ha reclamado “que las comunidades autónomas dispongan de capacidad suficiente para diseñar y gestionar las medidas adaptadas a sus necesidades territoriales”; que en materia de gestión, se preserve el papel de las regiones como autoridades competentes para la tramitación, control y pago de las intervenciones y “sobre todo ha reclamado simplificación administrativa para que agricultores, ganaderos, cooperativas y demás beneficiarios de la PAC dispongan de un marco de actuación claro, estable y previsible”.
En otro de los temas abordados, el relativo a la ayuda decreciente a la renta por superficie, desde la región se apuesta por un modelo de ayudas lo más simplificado posible, similar al existente en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, basado en una única región a nivel nacional con un único importe por hectárea en todo el país. “Este planteamiento permitiría avanzar en la simplificación de la gestión y reforzar la igualdad de trato entre agricultores y ganaderos de todo el territorio”, ha explicado el consejero, quien al hilo de esta cuestión, ha reclamado simplificación administrativa para los pequeños agricultores, que deberían de ser los que cobran menos de 5.000 euros de ayudas PAC y ha abogado por dirigir «el bloque importante de ayudas a los agricultores activos”.
El relevo como prioridad
La región reclama un paquete específico de apoyo a jóvenes agricultores que incluya ayudas a la instalación, acceso a financiación, tierra, formación y digitalización. “Además, proponemos, como ha quedado reflejado en el Dictamen sobre Relevo Generacional que alrededor del 10 % del presupuesto de la PAC se reserve para jóvenes y nuevos agricultores”, ha indicado.
Asimismo, se considera necesario mantener las ayudas asociadas actualmente existentes e incorporar nuevos sectores que presentan dificultades estructurales o desempeñan funciones de especial interés, como la apicultura, el azafrán y el viñedo tradicional de secano. Y tal como ya indicó ayer el consejero durante la reunión bilateral con el ministro Planas, “la Intervención Sectorial Vitivinícola debe continuar financiándose íntegramente con fondos de la Unión Europea, manteniendo el modelo vigente durante este período”.
Por lo que respecta a las medidas agroambientales, “Castilla-La Mancha plantea que haya más incentivos y una revisión de la actual condicionalidad ambiental para evitar duplicidades y cargas administrativas”; también defiende mantener prácticas que han demostrado eficacia, como los eco regímenes relacionados con pastoreo extensivo, rotación de cultivos, siembra directa o cubiertas vegetales, y adaptar las intervenciones agroambientales y climáticas, especialmente aquellas vinculadas a la agricultura ecológica, la ganadería ecológica, el bienestar animal, la apicultura para la mejora de la biodiversidad, el girasol medioambiental o las plantas aromáticas a las características territoriales como el coto arrocero de Hellín.
La unidad es fundamental
El consejero ha destacado que “la unidad es fundamental” para fijar una posición común en la negociación de la futura PAC y del presupuesto sobre la que se sustentará. En este sentido, ha recordado que en los Consejos Consultivos celebrados hasta la fecha todas las comunidades autónomas han compartido la unanimidad al respecto en prácticamente todos los celebrados, incluso se llegó a firmar un documento de forma unánime que recoge la posición de España en defensa, tanto de un presupuesto como de una normativa que permita consolidar el trabajo que se viene desarrollando.
Asimismo, ha señalado que, más allá de las diferencias que puedan surgir durante el debate, “debe prevalecer la responsabilidad hacia quienes representan las administraciones públicas, los agricultores y ganaderos”, puesto que ha apuntado que “las mismas dificultades tienen los agricultores, independientemente de la comunidad en la que desarrolle su trabajo”..
En este contexto, se ha mostrado convencido de que el acuerdo será posible, más allá del debate que se pueda producir porque cada comunidad autónoma cuenta con particularidades y necesidades específicas que desea defender. No obstante, ha explicado que también será determinante el resultado de la negociación europea, la configuración de los paquetes nacionales y si cada comunidad autónoma podrá implementar medidas en sus territorios en función de sus necesidades. En cualquier caso, “creo que es fácil llegar a un acuerdo porque todos tenemos dificultades, explotaciones que sufren los riesgos que puedan venirnos, tanto climáticos como comerciales y por tanto debemos tener las mismas preocupaciones”, ha finalizado.
