Así lo subrayó Margarita Robles durante su comparecencia extraordinaria, a petición propia, ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la actuación de su departamento en la crisis generada por la entrada en Ceuta a finales de julio de decenas de miles de migrantes de forma irregular desde Marruecos.
Robles desveló que habitualmente hay 25 miembros del Centro Nacional de Inteligencia que tienen “su destino secreto, pero que prestan sus servicios y desarrollan su misión en Ceuta, monitorizando a diario la situación en la zona desde múltiples perspectivas”.
En concreto, explicó, monitorizan “relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur, la actuación de las mafias organizadas, la utilización por estas de las redes, el auge incremento del terrorismo yihadista y obviamente el desarrollo de la migración irregular”.
También trabajan, añadió, “atendiendo la situación de los países vecinos del Sahel, así como aquellas actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas realizadas por agentes internacionales”.
SILENCIO IMPUESTO
Robles recalcó que el CNI trabaja con un deber de secreto impuesto, «que es una garantía para su actuación», pero que «opera muchas veces como una losa, al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan».
No obstante, sostuvo que dicho silencio impuesto «no puede ser un obstáculo para decir claramente que operativamente en Ceuta», las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y el CNI, «realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la Delegación del Gobierno».
De esta forma, Robles se desmarcó del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tras lo sucedido aseguró que “no hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar”.
