La Plataforma, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, valoró positivamente en un comunicado la nueva regulación por considerar que reconoce el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de derechos, la lucha contra la exclusión social y la mejora de las políticas públicas.
La norma, aprobada mediante el Real Decreto ley 21/2026, regula las relaciones entre los grupos de interés y la Administración General del Estado y crea un Registro estatal, público, gratuito y obligatorio, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La Plataforma del Tercer Sector participó en el proceso de elaboración de la regulación mediante la presentación de propuestas y destacó que el texto recoge cuestiones que había planteado, como el reconocimiento de la sociedad civil organizada como actor relevante en las políticas públicas, la diferenciación entre participación ciudadana y actividad de influencia y el refuerzo de la transparencia en los procesos de elaboración normativa.
En este sentido, subrayó que las entidades sociales participan habitualmente en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas para defender derechos y trasladar las necesidades de la ciudadanía, una labor que, a su juicio, “la nueva regulación contribuye a reforzar desde los principios de transparencia y participación democrática”.
La Plataforma del Tercer Sector está formada por la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, el Cermi, Cruz Roja Española, Cáritas Española, la ONCE, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y la Plataforma de Infancia, además de once plataformas y mesas territoriales.
