La institución avisa de que esta práctica «perjudica claramente la atención» que precisan los menores y formula en el informe 11 recomendaciones a las administraciones para garantizar la seguridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes que están bajo tutela del Estado porque «la vida en estos centros se encuentra ahora tensionada» especialmente por dos circunstancias.
La primera de ellas, que «preocupa especialmente al Defensor del Pueblo», es la convivencia de menores con problemas de conducta con otros «con patologías de salud mental o con discapacidad intelectual grave». Algo que el Defensor advierte que contraviene lo previsto en la legislación de protección del menor.
El otro elemento que tensiona la protección de los menores que se encuentran bajo tutela de la Administración es, según la investigación realizada por la institución, «la escasez de profesionales y la precariedad en sus condiciones de trabajo, incluidas sus expectativas laborales».
El informe ‘El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual’ recoge las conclusiones de una investigación abierta por el Defensor del Pueblo en 2022, «tras tener conocimiento por varias fuentes» de casos de abusos a menores en centros de protección a la infancia.
Dicha actuación incluyó la realización de visitas a varios centros de menores tutelados por la Administración. En concreto, el Defensor del Pueblo cita los siguientes centros objeto de su actuación: Residencia especializada en adaptación psicosocial Picón de Jarama, en Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid); Centro Educativo Terapéutico CET-Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz (País Vasco); Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Región de Murcia); Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Cataluña); Centro de Acogida Lucentum, en Alicante (Comunitat Valenciana); Centro Residencial Infantojuvenil Campillín, en Oviedo, y la Unidad Familiar Cayés, en Llanera (Asturias).
MEZCLA DE PERFILES
En esas visitas, los expertos de la institución pudieron comprobar la mezcla de perfiles existente en muchos centros, por lo que el Defensor advierte en su informe de que «los centros específicos de protección para menores con problemas de conducta no pueden convertirse, en ningún caso, en recursos residenciales para acoger a todo tipo de menores que requieran un régimen estricto de vida por sus condiciones personales, acumulando en ellos perfiles muy diferentes que requieren de una atención especializada y adecuada a sus características».
«Esa mezcla de perfiles de menores de edad conviviendo en un mismo recurso, además de contravenir la legislación, perjudica claramente la atención que precisa cada uno de los menores tutelados», insiste.
Además, las conclusiones del estudio señalan que «de las visitas realizadas se desprende que la mayoría de los casos investigados de explotación sexual se produjeron coincidiendo con momentos complejos en la vida de los centros (presencia de menores más disruptivos, conflictos laborales, ausencia de dirección, etc.)». Esta situación, concluye el Defensor del Pueblo, «aparejó el retraso en la detección y la intervención» de casos de violencia sexual sobre los menores.
