La plataforma representativa de la discapacidad recordó que el Iprem mensual se mantiene actualmente en 600 euros, una cuantía fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y que continúa siendo “la referencia vigente en 2026”. Este indicador se utiliza para determinar el acceso o las cuantías de diversas prestaciones, beneficios y servicios públicos.
El Cermi recupera así una reivindicación que ya formuló con motivo de los Presupuestos de 2023 y advirtió de que la evolución de los precios, el incremento del coste de la vida y las crecientes necesidades sociales hacen “todavía más urgente” actualizar este indicador.
Según la entidad, una congelación o actualización insuficiente del Iprem puede “tener consecuencias especialmente graves para las personas con discapacidad y sus familias”, ya que numerosas medidas de protección social utilizan este índice, directa o indirectamente, para establecer umbrales de acceso, cuantías o condiciones económicas.
El Cermi sostuvo que el Iprem “debe funcionar como un instrumento de garantía de derechos” y “no convertirse en una barrera económica” que excluya de las prestaciones a personas que necesitan protección social.
Asimismo, alertó de que cuando los umbrales económicos vinculados a este indicador no evolucionan de acuerdo con el coste real de la vida, “el sistema pierde progresivamente capacidad protectora”, una situación que afecta especialmente a las personas en posiciones de mayor vulnerabilidad y a las familias que afrontan sobrecostes asociados a la discapacidad.
El movimiento asociativo de la discapacidad recordó que el Iprem fue creado en 2004 como indicador de referencia para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o facilitar el acceso a beneficios y servicios públicos, sustituyendo al salario mínimo interprofesional en esta función.
Para el Cermi, los futuros Presupuestos Generales del Estado de 2027 representan “una oportunidad para recuperar la capacidad protectora” de este indicador y corregir la distancia que se ha producido respecto a la evolución del salario mínimo.
Por ello, pidió al Gobierno y a las fuerzas políticas que incorporen a la negociación presupuestaria una subida del Iprem hasta un mínimo de 900 euros mensuales y que esta actualización se aborde como una cuestión de “justicia social, garantía de derechos y lucha contra la exclusión”.
