En un comunicado, la entidad denunció que la normativa vigente mantiene elementos incompatibles con el modelo de derechos humanos y exige garantizar la toma de decisiones con apoyos, la accesibilidad universal y el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad.
Según el Cermi, la legislación vigente fue aprobada con anterioridad a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley 8/2021, por lo que contiene previsiones que han quedado desfasadas y que resultan contradictorias con el actual modelo basado en el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona.
El movimiento considera que la normativa mantiene todavía elementos propios de un sistema de sustitución en la toma de decisiones, reconoce de forma insuficiente el derecho a decidir con apoyos y no garantiza plenamente la accesibilidad universal en todo el proceso de información y consentimiento sanitarios.
Por ello, la plataforma representativa de la discapacidad organizada demanda una reforma integral del régimen del consentimiento informado, con el fin de eliminar cualquier forma de sustitución en la toma de decisiones sanitarias, reconocer expresamente el derecho a recibir apoyos para decidir sobre la propia salud y asegurar la accesibilidad universal, incluida la accesibilidad cognitiva.
Entre sus reivindicaciones destaca también la solicitud para que se refuercen las garantías legales frente a tratamientos involuntarias, internamientos no consentidos, intervenciones coercitivas, contenciones físicas o químicas y otras prácticas restrictivas de derechos, así como revisar la terminología legal para adecuarla al enfoque de derechos humanos.
Para el Cermi, las personas con discapacidad, aunque no son necesariamente personas enfermas, suelen tener una relación más intensa con los servicios sanitarios y continúan encontrando barreras que generan situaciones de discriminación y exclusión, señalando que muchas de estas consideraciones y propuestas son igualmente aplicables a las personas mayores que se encuentran en situaciones de discapacidad de hecho. Por ello, hizo un llamamiento a las instituciones públicas, a la comunidad académica y a los operadores jurídicos para avanzar hacia «una regulación plenamente respetuosa con los derechos humanos de las personas con discapacidad».
