La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha trasladado el apoyo y la solidaridad de Castilla-La Mancha con Ceuta y ha respaldado la aportación de 25 millones de euros del Estado, aprobada por unanimidad de las comunidades autónomas participantes en la Conferencia Sectorial.
García Torijano ha recordado que Castilla-La Mancha continúa cumpliendo los compromisos derivados de anteriores situaciones migratorias y del Real Decreto Ley del pasado año, un esfuerzo que ha tensionado el sistema regional de protección de menores.
La titular de Bienestar Social ha mostrado la disposición del Gobierno regional a trabajar con el Ministerio en la búsqueda de otras vías y soluciones que permitan proteger especialmente a los menores más vulnerables, desde el diálogo, la coordinación y el respeto al interés superior de cada niño y niña.
Toledo, 27 de agosto de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado hoy su apoyo y solidaridad con Ceuta ante la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma y ha votado favorablemente la aportación estatal de 25 millones de euros destinada a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado, junto a la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
El crédito de 25 millones de euros destinado a Ceuta ha recibido el respaldo unánime de las comunidades autónomas participantes en la reunión.
García Torijano ha valorado el tono mantenido durante la Conferencia y ha explicado que Castilla-La Mancha ha querido “trasladar nuestro apoyo, nuestra solidaridad con Ceuta en este momento actual”, respaldando una aportación que supone “un esfuerzo importante” por parte del Estado.
La consejera ha señalado que estos 25 millones constituyen “una acción necesaria para empezar a dar respuesta a esta situación que se está viviendo en Ceuta” y ha recordado que la propia ministra ha planteado la posibilidad de ampliar los recursos si la evolución de las necesidades así lo requiere.
Explorar alternativas desde la colaboración
La consejera de Bienestar Social ha situado también sobre la mesa la realidad que atraviesan actualmente los sistemas autonómicos de protección y, en particular, el de Castilla-La Mancha.
“En Castilla-La Mancha llevamos años cumpliendo con los compromisos derivados de la infancia, también con los derivados del Real Decreto Ley del año pasado, que nos ha supuesto un esfuerzo grande y eso ha tensionado mucho nuestro sistema de protección”, ha señalado.
García Torijano ha incidido en que ampliar la capacidad de estos sistemas no siempre puede hacerse de manera inmediata, ya que la protección de un menor requiere no sólo una plaza, sino también profesionales, recursos especializados y un acompañamiento adecuado.
Por ello, Castilla-La Mancha ha valorado que durante la Conferencia se hayan planteado otras posibles vías para dar respuesta a la situación de Ceuta evitando incrementar la presión sobre unos sistemas autonómicos que ya están realizando un importante esfuerzo.
“Valoramos que se puedan explorar otras vías que permitan dar respuesta a esta situación sin seguir sobrecargando los sistemas de las comunidades autónomas”, ha afirmado la consejera, quien ha trasladado la disposición de Castilla-La Mancha “a sentarse, trabajar y buscar entre todos alternativas y soluciones”.
Los derechos de las niñas y niños, en el centro
García Torijano ha defendido que cualquier solución debe partir siempre del interés superior del menor y prestar una atención especial a las niñas y niños en situaciones de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, la consejera ha remarcado que el debate migratorio no puede hacer perder de vista una cuestión esencial: los niños y las niñas no son invasores, sino menores cuyos derechos deben ser protegidos por las administraciones.
La titular de Bienestar Social ha defendido que las diferentes alternativas deben estudiarse de manera individualizada y con todas las garantías. Entre ellas puede encontrarse, cuando sea posible y responda al interés del menor, la reagrupación familiar, si bien ha recordado que las realidades personales y familiares son muy diferentes y que existen situaciones en las que esa opción resulta especialmente compleja.
Por ello, Castilla-La Mancha ha abogado por mantener un marco de diálogo con el Ministerio basado en la coordinación, la seguridad, las garantías y una comunicación fluida entre administraciones.
“Castilla-La Mancha está dispuesta a trabajar y a buscar soluciones entre todos, poniendo siempre en el centro la defensa de los derechos de los niños y niñas y, especialmente, de aquellos perfiles más vulnerables”, ha señalado García Torijano.
