La directora general de Vivienda, Salu García Alfaro, ha visitado una actuación desarrollada en Ocaña, donde las ayudas públicas han permitido ejecutar una importante mejora de accesibilidad con una inversión de 104.000 euros.
García Alfaro ha destacado que “no se trata de una actuación aislada, sino que forma parte de actuaciones que se vienen desarrollando desde el Gobierno regional y desde el año 2019 se han invertido más de 57 millones de euros en materia de rehabilitación edificatoria, con algún componente de accesibilidad para estos edificios o comunidades de propietarios, llegando a más de 15.800 viviendas y beneficiando a más de 47.000 personas o familias, en este caso”
Además, la directora general ha explicado que “cuando hablamos de accesibilidad no hablamos solamente de instalar una rampa o de instalar un ascensor, sino que hablamos precisamente de que una persona mayor pueda moverse con autonomía y pueda permanecer en el edificio o en su hogar, durante el tiempo que considere, que una persona con discapacidad lo haga con autonomía también y que cualquier vecino pueda salir o entrar del edificio sin ningún tipo de impedimento y con total seguridad y sin ningún obstáculo”.
Ocaña (Toledo), 4 de agosto de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido más de 57,2 millones de euros que han permitido mejorar la accesibilidad y la rehabilitación de 15.821 viviendas y beneficiar a más de 47.000 personas desde 2019. Así lo ha destacado la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro, que ha visitado, junto al alcalde de Ocaña, Eduardo Jiménez; y el delegado de Fomento en la provincia, Jorge Moreno; una actuación desarrollada en Ocaña, donde las ayudas públicas han permitido ejecutar una importante mejora de accesibilidad con una inversión de 104.000 euros.
La responsable de Vivienda del Gobierno regional ha destacado que “no se trata de una actuación aislada, sino que forma parte de actuaciones que se vienen desarrollando desde el Gobierno regional y desde el año 2019 se han invertido más de 57 millones de euros en materia de rehabilitación edificatoria, con algún componente de accesibilidad para estos edificios o comunidades de propietarios, llegando a más de 15.800 viviendas y beneficiando a más de 47.000 personas o familias, en este caso”.
De este modo, la directora general de Vivienda ha explicado que “cuando hablamos de accesibilidad no hablamos solamente de instalar una rampa o de instalar un ascensor, sino que hablamos precisamente de que una persona mayor pueda moverse con autonomía y pueda permanecer en el edificio o en su hogar, durante el tiempo que considere, que una persona con discapacidad lo haga con autonomía también y que cualquier vecino pueda salir o entrar del edificio sin ningún tipo de impedimento y con total seguridad y sin ningún obstáculo. Por lo tanto, yo creo que hablamos en este caso de igualdad de oportunidades para todo el mundo”.
Las actuaciones que se han subvencionado son la instalación de ascensores, rampas, plataformas y salvaescaleras; automatismos para la apertura de puertas; sistemas tecnológicos de apoyo a personas con discapacidad; dispositivos de comunicación y señalización accesible; mejoras en baños y cocinas; así como actuaciones de domótica destinadas a favorecer la autonomía personal.
Ejemplo de transformación en Ocaña
García Alfaro ha destacado que “la actuación que se ha desarrollado en la comunidad de propietarios de la calle Doctor Manzanares número 18, en Ocaña, han incluido la apertura de huecos en los forjados para la implantación del ascensor, la ejecución de la estructura portante necesaria y las adaptaciones interiores precisas para garantizar la accesibilidad de todo el inmueble”.
Asimismo, la directora general de Vivienda ha asegurado que “esta actuación es un ejemplo del impacto que están teniendo las políticas públicas de accesibilidad impulsadas por el Gobierno de García-Page, que forman parte de una estrategia más amplia en materia de vivienda que incluye, entre otras, ayudas a la rehabilitación energética, al alquiler, al Bono Alquiler Joven y a la adquisición de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes.
