Así lo explicó la coordinadora técnica y responsable del área de Infancia de Plena inclusión España, Sofía Reyes, durante una entrevista concedida a Servimedia, en la que defendió la necesidad de transformar el actual sistema de protección infantil para sustituir la institucionalización por una red de apoyos comunitarios que permita a los niños y niñas “crecer en familia siempre que sea posible”.
Sofía Reyes subrayó que crecer en una familia permite a los menores “desarrollar vínculos afectivos, identidad, seguridad emocional y sentido de pertenencia”, además de participar de forma natural en la vida de su comunidad. “En una familia generas vínculos, seguridad emocional, identidad, pertenencia y rutinas significativas. Al final participas de tu comunidad como un niño o una niña más”, explicó.
En cambio, advirtió de que los entornos institucionales “no pueden sustituir todo esto”, ya que funcionan bajo una lógica organizativa basada en turnos, normas rígidas, escasa personalización y, en muchas ocasiones, aislamiento de la comunidad. No obstante, precisó que la institucionalización “no es solo un edificio”, sino también una determinada cultura organizativa. “La pregunta no es tanto si un niño está en un centro, sino si puede mantener vínculos, ser escuchado, participar y seguir conectado con su comunidad”, señaló.
Según explicó Reyes, la institucionalización tiene consecuencias profundas en el desarrollo emocional, educativo y social de la infancia. Puede afectar al apego, la autoestima y la confianza personal, además de provocar peores trayectorias académicas, mayor aislamiento y pérdida de relaciones familiares y sociales.
En este sentido, recordó un estudio elaborado por Cisc que concluye que los niños y niñas que viven en centros presentan “menor satisfacción con la vida y peor valoración de su bienestar subjetivo”, además de peores resultados académicos.
En el caso de la discapacidad intelectual, advirtió, estas consecuencias pueden agravarse cuando no existen sistemas de comunicación accesibles, apoyos visuales o profesionales formados específicamente en discapacidad y apoyo conductual positivo.
La responsable de Plena inclusión España lamentó además la escasez de información estadística sobre esta realidad. El dato más reciente disponible corresponde a 2021 y sitúa en alrededor de 1.500 los menores con discapacidad reconocida que vivían en recursos residenciales del sistema de protección.
Esta cifra supone, según indicó, un incremento del 40% respecto al año anterior, al pasar de 1.030 menores en 2020 a 1.500 en 2021. Sin embargo, insistió en que “existe una importante falta de datos actualizados” que dificulta conocer la dimensión real del problema.
“Lo que no se conoce no existe. Si no tienes datos no puedes hacer política pública, ni reivindicaciones, ni cambiar el sistema”, afirmó, al recordar que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas instó recientemente a España a visibilizar esta situación y convertirla en una prioridad política.
MÁS APOYOS PARA EVITAR LA SEPARACIÓN FAMILIAR
A juicio de Sofía Reyes, muchas separaciones familiares podrían evitarse si existieran apoyos suficientes desde las primeras etapas. Entre las principales barreras citó las listas de espera en atención temprana, la falta de ayudas económicas, las dificultades para conciliar, la ausencia de información accesible y la escasa coordinación entre los servicios sociales, educativos y sanitarios.
También puso el foco en la sobrecarga que soportan las familias, especialmente las madres y las abuelas, que asumen la mayor parte de los cuidados. La responsable del área de infancia señaló un estudio de Plena Inclusión, que indica que el 83% de estas responsabilidades “recaen sobre ellas”.
Asimismo, recordó que la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Hebba Hagrass, ha advertido recientemente de que los cuidados “no pueden seguir descansando de forma desproporcionada sobre las familias” y, especialmente, sobre las mujeres, sino que “deben sostenerse mediante servicios comunitarios, apoyos económicos, orientación psicológica y asesoramiento jurídico”.
Aunque reconoció la existencia de profesionales comprometidos y experiencias positivas impulsadas por distintas administraciones, consideró que el sistema de protección “no está preparado” para responder adecuadamente a las necesidades de los menores con discapacidad.
En su opinión, uno de los principales problemas es la fragmentación entre protección infantil, discapacidad, salud mental, educación y servicios sociales, lo que obliga a las familias a enfrentarse diariamente a múltiples barreras administrativas.
Por ello, reclamó reforzar la formación especializada de los profesionales en discapacidad intelectual, salud mental, accesibilidad cognitiva y participación infantil, además de avanzar hacia un modelo coordinado entre todos los sistemas públicos. “Es una urgencia social”, concluyó Sofía Reyes.
