En el Pleno del Congreso
• La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, anuncia su apoyo al Real Decreto sobre financiación del sistema de Dependencia, pero denuncia la mentira del Gobierno, que habla de 6.200 millones de euros que no aparecen en el decreto, donde solo se contempla la financiación de 2.218 que sirven para el año en curso. “La financiación estructural de la Dependencia seguirá dependiendo de la aprobación, año a año, de los Presupuestos Generales del Estado, donde ustedes tienen poca credibilidad”, critica.
Apunta la incoherencia del ministro Bustinduy, que hoy “desmiente su propio discurso”, recordando que hace meses justificaba que no podía aumentar la financiación de la Dependencia debido a que el Gobierno tenía unos presupuestos prorrogados y hoy “demuestran exactamente lo contrario”: “Parece que sí podían”.
Se pregunta por qué el Gobierno no ha aumentado antes la financiación para Dependencia, pese a que tienen una deuda de 20.000 millones de euros con las comunidades autónomas y son ellas las que aportan tres de cada cuatro euros.
Critica que el Gobierno ahora ha accedido a aumentar la financiación de Dependencia porque “tienen 126 imputados, el hermano del presidente del Gobierno está condenado, los secretarios de Organización en la cárcel, 1.300.000 euros de Zapatero en joyas y un presidente del Gobierno absolutamente acorralado por la corrupción”.
“¿Cómo puede garantizar una financiación estable para mantener estos derechos un gobierno incapaz de garantizar estabilidad presupuestaria y que lleva incumpliendo la Constitución toda la legislatura, sin presentar Presupuestos Generales del Estado?”, se pregunta: “La Dependencia necesita certezas, no parches”,
Advierte al Gobierno de que el Real Decreto-ley que hoy se debate en el Congreso “no viene a sustituir la memoria económica que le hemos venido pidiendo” para el proyecto de ley de Dependencia, puesto que solo supone “un suplemento de crédito” y un incremento “de las cuantías del nivel mínimo”, pero en ningún caso cambia el sistema de financiación de la Dependencia: “No puede hacer algo que jurídicamente es imposible”.
Señala que los propios grupos del Gobierno han aprobado una enmienda en la que se dan 12 meses para “realizar un estudio donde se vea la posibilidad de financiar el sistema y hacerlo sostenible”. “¿Qué votamos, una garantía o una intención?”, se pregunta: “Dejen de engañar porque los derechos sociales no pueden construirse sobre un acto de fe, sino sobre memoria económica, planificación, financiación y presupuestos”.
“Anunciar nuevos derechos es relativamente sencillo, lo difícil es financiarlos, sostenerlos y que aquello que se promete acabe llegando a la puerta de la casa de aquellas personas que lo necesitan”, recalca.
Reafirma la postura del PP de exigir que el Estado financie el 50% de la Dependencia, pero pone como modelo el que Sánchez ha pactado con el Gobierno vasco, donde hay “reglas claras y calendario”.
BELDA TIENDE LA MANO PARA MEJORAR LA LEY EN EL SENADO
El diputado del GPP Enrique Belda advierte en el Pleno de que la reforma de la Ley de Dependencia “incorpora nuevas obligaciones permanentes sin presentar previamente una memoria económica rigurosa, sin cuantificar su impacto real sobre las comunidades autónomas y sin acreditar su sostenibilidad a medio y largo plazo”, y alerta de que el Gobierno “será responsable de lo que pase con las nuevas prestaciones a partir del año que viene”: “El problema es de dónde, el cómo y el hasta cuándo”.
Afirma que “la diferencia entre un derecho garantizado y uno que solo aguanta hasta la siguiente convocatoria electoral no es otra que su articulación económica” y sostiene que “la correcta planificación económica y el rigor financiero es la llave única de la garantía de cada derecho”.
Critica que el Ejecutivo impulse nuevos derechos “sin una previsión financiera suficientemente sólida” y recuerda que “ya conocemos las consecuencias de aprobar derechos así”. Además, reprocha que “no basta que una ley diga que se garantiza la financiación estructuralmente” si el Gobierno no acredita cómo va a sostenerla.
Recuerda que el PP tuvo que gestionar la “ruina” que dejó Zapatero, que fue quien tuvo que recortar su propia Ley de Dependencia: “Menuda joya de presidente”.
