Así lo defendieron la directora de Programas Europeos de Fundación ONCE, María Tussy; el director de Acción Social de Cáritas, Félix Miguel Sánchez; la subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de Fundación Secretariado Gitano, Carolina Fernández, y la abogada del Área de Empleo de Cruz Roja Española, Clara Mariscal, durante su intervención en el diálogo de #HistoriasdeCohesión sobre ‘Los operadores de fondos europeos en España’, que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.
En el transcurso de su alocución, María Tussy llamó a luchar por un FSE para las personas más vulnerables y advirtió de que si estas cuatro organizaciones están “luchando, no es, desde luego, por defender estas entidades ni lo que representan”. “Somos cuatro entidades lo suficientemente fuertes y con historia, existíamos antes del Fondo Social y existiremos después del Fondo Social”, abundó.
A este respecto, alertó de que “es la idea europea la que está en juego”, convencida de la utilidad de aportar “flexibilidad y simplificación” al FSE, pero sin “vaciar de contenido lo que es la Europa social, la Europa de la cohesión”.
“Pedimos nada más y nada menos que lo que pide también el Parlamento Europeo, un Fondo Social Europeo con su reglamento, que ahora mismo lo tiene pero eso o nada es muy parecido”, lamentó, al tiempo que reclamó que este instrumento esté “dotado de contenido con sus prioridades marcadas desde la Unión Europea”.
INVERSIÓN SOCIAL
En paralelo, justificó que el FSE “no es gasto social, es inversión social rentable” y calculó que, “por cada euro invertido hay un retorno para la sociedad de entre tres y cuatro euros”.
“Es decir, cuando tú inviertes en el empleo de las personas hay un retorno también para la riqueza del país, para la riqueza de la Unión, la competitividad y la cohesión social. No solo es que no estén enfrentadas, es que son perfectamente compatibles entre sí”, apostilló.
En este contexto, avanzó que la negociación va a ser “dura”, convencida de que “ahora llega el momento de empezar ya con la artillería pesada” porque “quedan unos meses muy muy duros en la presidencia irlandesa”. “Se quiere aprobar todo antes de final de año y no queremos que esto nos pille, desde luego, con el paso en falso”, resolvió.
En la misma línea, Félix Miguel Sánchez advirtió del “riesgo” de que la flexibilidad coja peso como criterio, porque ello implica que “cada Estado pueda decidir en qué lo invierte”. “En principio suena bien porque puede responder a las circunstancias concretas de cada territorio, de cada Estado, de cada país, pero, al mismo tiempo, sabemos que los colectivos más desfavorecidos pueden dejar de ser prioridad”, lamentó, consciente de que “pueden surgir y emerger, como estamos viendo, otras prioridades en Europa y en cada uno de los Estados”.
INCLUSIÓN SOCIAL
Por ello, reclamó un FSE que “fije bien las temáticas y los objetivos que quiera abordar,” porque conceptos como la promoción de lo social “suena bien pero puede descuidar elementos como la importancia de la inclusión social de colectivos desfavorecidos”, lo cual ve “un riesgo” para “el sector más débil de la sociedad”.
Por su parte, Carolina Fernández también denunció los “riesgos en la reducción de presupuesto” y en el establecimiento de las “prioridades” porque “hasta ahora el FSE era el instrumento financiero que sustentaba el modelo social europeo” y que, como estos cuatro operadores, abogaba por “invertir en las personas”.
“Ahora mismo esa prioridad hay un riesgo de que se diluya”, criticó, al tiempo que defendió la importancia de “preservar los objetivos sociales de la Unión Europea” y de “blindar” los recursos, dado que, “con recursos suficientes y con medidas adaptadas a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, somos capaces de reducir la desigualdad”.
Por último, Clara Mariscal instó a “poner en el centro de todas las prioridades a la persona, a la humanidad», con «los principios y derechos humanos como prioridad europea” y demandó un FSE “blindado” y en el que “las prioridades estén perfectamente tasadas con unos mínimos para todos los Estados” con el reto de garantizar que “esa cohesión social acabe existiendo también a futuro”.
