Los cuatro acuerdos han contado con el visto bueno de Génova y Bambú, que vuelven a tener una “relación cordial” tras atravesar turbulencias en sus relaciones —el ‘número dos’ de Vox, Ignacio Garriga, llegó a comparar a Feijóo y su equipo con “contrabandistas de ría” hace solo tres meses—.
Ambas direcciones ya exploran nuevos frentes de colaboración en esta nueva etapa para, por ejemplo, fiscalizar las nacionalizaciones derivadas de la ‘ley de nietos’, según las fuentes consultadas por Servimedia.
El último pacto, el de Andalucía, da además cobertura política a Feijóo —que hace unas semanas se abrió a una “coalición de gobierno” con Vox— después de que Juanma Moreno, principal referente del ala moderada del PP, haya incorporado a los de Santiago Abascal al Gobierno andaluz y asumido la “prioridad nacional” tras perder su mayoría absoluta.
La paradoja es que Moreno fue el primer dirigente autonómico del PP en pactar con Vox para llegar al poder, tras las elecciones de 2018, y ahora cierra el ciclo abriéndoles las puertas de la Junta de Andalucía.
LA “PRIORIDAD NACIONAL”
La principal bandera de Vox asumida por el PP es la “prioridad nacional”. Este concepto será el criterio inspirador para ordenar el acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas y vivienda protegida en las cuatro comunidades.
Vox lo reivindica como una preferencia para los españoles en el acceso a los recursos públicos. Pero la literalidad de los pactos pondera positivamente a quienes acrediten mayor arraigo real con el territorio a través de criterios como el empadronamiento, la residencia efectiva, la cotización o la escolarización.
En la práctica, la “prioridad nacional” podría incluso beneficiar a inmigrantes con una vinculación consolidada con la comunidad frente a españoles que carezcan de arraigo en ese territorio concreto.
La incógnita, en cualquier caso, es en qué se traduciría si PP y Vox intentan trasladarlo al ámbito nacional. Ambas partes reconocen en los cuatro documentos que la Ley de Extranjería puede “dificultar la consecución efectiva” de dicha “prioridad nacional”, por lo que es previsible que su modificación forme parte de las exigencias de Vox en una futura negociación de investidura con Feijóo.
CONTROL MIGRATORIO
Una eventual reforma de la Ley de Extranjería también podría servir para garantizar otro punto común de los cuatro pactos: “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.
Este compromiso choca frontalmente con la universalidad sanitaria restaurada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permite a los inmigrantes sin papeles recibir atención sanitaria, y conecta con la posición defendida por Feijóo en una entrevista en Servimedia, en la que sostuvo que “la situación irregular no puede generar derechos”.
La agenda migratoria se completa con la oposición al reparto de menores extranjeros no acompañados, planes de retorno, pruebas de determinación de edad, auditorías anuales del gasto migratorio, retirada de ayudas a ONG o entidades que “favorezcan la inmigración ilegal” y el compromiso de no abrir nuevos centros de acogida mientras se “endurece el régimen interno” de los que siguen en funcionamiento.
También incorpora la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos y la supresión —o no aplicación en el caso de Castilla y León— del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
BAJADAS FISCALES Y 32.500 VIVIENDAS
Los programas de Gobierno de PP y Vox incluyen rebajas progresivas del IRPF y un catálogo de deducciones orientadas a fomentar la natalidad, con bonificaciones para las familias numerosas, los hijos con discapacidad, la conciliación y los gastos educativos. La agenda provida de Vox tiene especial presencia en Andalucía, donde Moreno ha aceptado impulsar campañas de apoyo a la maternidad y un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada para ofrecer “información” a las parejas.
La vivienda es otro de los grandes bloques compartidos. Feijóo promete construir un millón de hogares si llega a La Moncloa, mientras los cuatro Gobiernos autonómicos ya prevén levantar 32.500 viviendas protegidas: 20.000 en Andalucía, 5.000 en Castilla y León, 4.000 en Aragón y 3.500 en Extremadura.
Los pactos apuestan además por agilizar suelo, reducir cargas urbanísticas y fiscales, bonificar impuestos ligados a la vivienda y excluir a los okupas del acceso a vivienda pública, alquiler social o ayudas. También plantean reformar el padrón para impedir que una inscripción sin título habilitante genere “derechos, prestaciones o prueba de residencia”.
La desregulación completa la agenda económica. PP y Vox coinciden en activar suelo industrial, incentivar la modernización de empresas, crear ventanillas únicas, extender la declaración responsable, aplicar el silencio administrativo positivo y reforzar las redes eléctricas. Todo ello se acompaña de auditorías del gasto público, revisión de subvenciones y supresión de ayudas consideradas superfluas o sin utilidad pública efectiva.
EL CAMPO Y LA BATALLA CULTURAL
El campo es otro de los grandes puntos de convergencia entre PP y Vox. Los cuatro pactos rechazan, con matices, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, así como el acuerdo entre la UE y Mercosur si no garantiza igualdad de condiciones.
En paralelo, defienden las cláusulas espejo, la preferencia comunitaria y una reducción de cargas burocráticas para agricultores y ganaderos. A ello suman medidas de apoyo al relevo generacional, los seguros agrarios, la modernización de regadíos, las infraestructuras rurales y la protección del producto propio frente a la competencia desleal.
En educación, ambos partidos rechazan el “adoctrinamiento” en las aulas, defienden la libertad de elección de las familias y plantean reforzar contenidos como la historia del terrorismo. Y en sanidad, los acuerdos apuestan por reducir listas de espera, incentivar a profesionales en zonas de difícil cobertura, reforzar la salud mental, ampliar plazas en residencias y centros de día, y mejorar la atención a mayores y dependientes.
Finalmente, los cuatro pactos comprometen al PP a impulsar leyes de «concordia» para sustituir las normas de memoria histórica o democrática, revisan leyes y organismos que consideran ideológicos y apuestan por proteger la tauromaquia como parte del patrimonio cultural y rural.
DESHIELO Y ‘LEY DE NIETOS’
Ambas partes se han mostrado satisfechas con el contenido de los acuerdos, que vinculan a PP y Vox a completar de la mano los cuatro años de legislatura. Abascal ya instruyó la semana pasada a sus vicepresidentes autonómicos para que “respeten” al PP, pero también les reclamó “valentía para que, si llega el momento” en el que su socio no cumple, sean “capaces de abandonar los gobiernos”, como ya hicieron en 2024.
“No debemos hablar de vencedores ni vencidos. Hay que hacer que esos Gobiernos funcionen, porque son fundamentales para echar al malo”, explican a Servimedia desde el entorno más próximo a Abascal. En Génova hacen una reflexión similar. Por eso, durante las últimas semanas han normalizado a Vox como socio de gobierno, conscientes de que las elecciones de 2027 son una lucha de bloques. “Hace cuatro años también se decía que íbamos a meter a las mujeres en casa, y con el tiempo se ha visto que esas acusaciones están muy lejos de la realidad”, argumentan fuentes populares.
PP y Vox han recuperado una “relación cordial” con el fin del ciclo electoral, que se escenificó con la larga conversación que Feijóo y Abascal mantuvieron el 6 de junio, durante la recepción al papa León XIV en el Palacio Real, como adelantó ‘Artículo 14’ y ha confirmado Servimedia. Ahora, ambas partes mantienen una “colaboración” en distintos frentes. El último, la ‘ley de nietos’.
Los dos partidos se abren a cooperar para exigir garantías en la tramitación de las nacionalizaciones y “garantizar unas elecciones limpias”. Y todo ello, después de que Génova rechazara hace meses una primera oferta de Vox para constituir una comisión de trabajo. En el PP temen que el voto exterior pueda “inclinar la balanza” en 2027 si se tramitan los 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad.
