Ambos reclamaron medidas para combatir este «fraude» que, según detallaron, tiene un coste que supera los 30.000 millones de euros. Así, en una entrevista en Cuatro recogida por Servimedia, García, criticó en primer lugar, que «la palma y la medalla de oro» del absentismo se la lleva el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien «lleva más de dos años sin aparecer» por la sesión de control del Senado. Pero fue más allá y denunció que «sentó cátedra» con los cinco días de reflexión que se tomó «y no fue a trabajar», además de, subrayó, montar «unas cloacas pagadas por el PSOE y montadas en el PSOE».
Tras estas críticas al jefe del Ejecutivo, la portavoz de los populares en la Cámara Alta señaló que el gasto derivado del absentismo «se ha incrementado el doble desde que gobierna Sánchez y que hay 1.200.000 personas que no van a trabajar cada día». Algo, incidió, de lo que ha alertado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Banco de España, que dijo que «es un problema económico» por ser la segunda partida de la Seguridad Social tras el pago de las pensiones. «Hay un problema de fraude», remarcó García.
E insistió en que estas personas buscan la forma para defraudar a la Seguridad Social que pagan «todos los españoles», por lo que instó también a «tomar medidas».
Preguntada directamente por esa posibilidad de que se reduzca el sueldo a quienes se cogen bajas sin justificar, García apuntó que era una «propuesta que hace la propia Airef» y que Feijóo «puso en boca suya y asumió directamente» en su encuentro con los empresarios vascos. De ahí que insistiera en la necesidad de adoptar medidas y «no permitir el fraude», recordando que con el dinero que se destina a estas bajas se podrían cubrir «otras necesidades que tienen España y los españoles». De hecho, aseguró que el Gobierno ya anunció en 2024 medidas, pero como en la actualidad «está con una agenda judicial sobre la corrupción», este tema «no le preocupa».
«PROBLEMA GRAVE»
Por su parte, Bravo, en una entrevista en Telecinco también secundó la propuesta de Feijóo para frenar ese absentismo fraudulento y «proteger a los que trabajan y a los que están enfermos». Según expuso, se trata de «un problema grave que precisa el diálogo social” y recordó que ese año 2024 el Ejecutivo creó una mesa de trabajo, un observatorio y anunció un real decreto para afrontar esta situación, «pero su inacción ha derivado en la ausencia de soluciones».
“Obviar que también hay una parte de fraude es no querer ver la realidad” apuntó tajante Bravo, quien apeló a abordar el problema separando a quienes utilizan correctamente el sistema de quienes hacen un uso fraudulento del mismo.
Así, puso de relieve que Feijóo, cuando fue presidente de Correos, logró reducir el absentismo a la mitad, mediante medidas «acordadas, consensuadas y dialogadas con los sindicatos». “Ese modelo puede extenderse al conjunto del país”, señaló mientras proponía avanzar en la interoperabilidad de las bases de datos para poder hacer un «seguimiento adecuado» de la evolución del empleado e impulsar una reincorporación parcial al trabajo “conforme a lo que vaya diciendo el médico” para facilitar la recuperación de los trabajadores.
Bravo zanjó su intervención asegurando que el PP no busca «enfrentar» a trabajadores y empresas, sino construir un acuerdo que combine «diálogo social, protección a quienes realmente están enfermos y medidas eficaces para perseguir el fraude», mostrándose convencido de que ambas cuestiones “no son incompatibles”.
