El Gobierno admite que atraviesa una “situación delicada” ante los presuntos casos de corrupción que investiga la Justicia y que continúan incorporando nuevos investigados. Entre los últimos figuran la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por su presunta vinculación con la exmilitante socialista Leire Díez.
Así lo comunicó el pasado jueves el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, que instruye el caso, y la primera reacción en Moncloa fue la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien trasladó la “confianza” del Ejecutivo en González y Llamas y afirmó que ambos continuarían en sus cargos.
También el PSOE cerró filas en torno a la responsable de la Benemérita nada más conocer su imputación. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, en una entrevista el pasado jueves en La Sexta, recogida por Servimedia, señaló sobre la directora de la Guardia Civil que «hacer unos cafés es muy diferente que reunirse y hacer una trama como la ‘Kitchen'».
Fuentes del Ejecutivo admiten que es necesario cerrar filas y evitar más dimisiones porque, a su juicio, “eso es lo que quiere la derecha”. La tesis del Ejecutivo es que existe «una campaña de desgaste» que lo único que busca es «descabezar» al Gobierno e «ir a por el presidente y su familia».
LÍNEA ROJA EN MONCLOA
Así lo explican fuentes próximas a Sánchez. Por ello, la regla no escrita en estos momentos es que, salvo prueba inequívoca de comportamiento irregular, no habrá dimisiones, pese a que se trata de la segunda directora de la Guardia Civil investigada judicialmente en la historia de España.
Fuentes del Ejecutivo reiteraron con este caso que el presidente no aprecia ningún comportamiento irregular porque considera que no se sostiene la acusación principal defendida por la Fiscalía Anticorrupción y por la que solicitó al magistrado la investigación de González.
En Moncloa no ven como delito que se abra una investigación por una filtración, una cuestión que piensan que es legítima, y menos si se hizo con todas las garantías, advirtiendo que ninguno de esos expedientes concluyó en sanción alguna porque, recalcaron, se cerraron sin consecuencias.
DEFENSA DE LAS IMPUTADAS
En el Gobierno, insisten en que, tanto en el caso que atañe a la directora de la Guardia Civil como en el de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, o la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, tres recientes imputadas que no han dimitido, no hay evidencias de comportamiento irregular. Confían, por tanto, en que nunca lleguen a ser procesadas.
Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo sí reconocen en privado que fueron un “error” esos “dos cafés” de González con Leire Díez y que no explicara esas reuniones hasta que la UCO las reveló mediante los mensajes de la exmilitante socialista y las localizaciones de su teléfono móvil. No obstante, estas fuentes distinguen entre el “error político” y el “posible delito”.
