El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha puesto en valor la importancia de la recuperación de los Órganos de Control Externo Autonómico que permitan una fiscalización “inmediata, profunda y más fluida”.
Además, Ruiz Molina, ha recordado que la recuperación de la Cámara de Cuentas en 2021 fue un compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, de llevar a cabo una gestión limpia, honesta y ajustada a la legalidad de los recursos públicos, que son, los recursos de toda la ciudadanía.
Toledo, 11 de junio de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el papel de las cámaras de cuentas autonómicas como instrumentos esenciales para fortalecer el control democrático, garantizar la legalidad y mejorar la eficiencia en el gasto público, al tiempo que ha reclamado una simplificación de los procedimientos de contratación administrativa para ganar agilidad y eficacia en la prestación de servicios a la ciudadanía.
Así lo ha trasladado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la clausura de la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX), un encuentro celebrado por primera vez en Castilla-La Mancha desde la recuperación, en 2021, de la Cámara de Cuentas regional.
Durante su intervención, el consejero, que ha estado acompañado por el Interventor General de la Junta, Manuel Laguna, ha agradecido al presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, la oportunidad de participar en esta reunión, en la que han estado presentes, por parte del Tribunal de Cuentas, el consejero del departamento quinto de las comunidades y ciudades autónomas, Luis Antonio de Padua, y representantes de los doce Órganos de Control Externo Autonómicos existentes en España.
El encuentro ha abordado uno de los asuntos que más preocupa actualmente a la ciudadanía, como es la vivienda, en concreto la gestión de las viviendas públicas. En este sentido, el consejero ha destacado las medidas impulsadas por el Ejecutivo castellanomanchego en materia tributaria, financiera y normativa para facilitar el acceso a una vivienda asequible, especialmente entre los jóvenes, incluyendo iniciativas pioneras en el conjunto del país.
Asimismo, ha valorado el proceso de modernización tecnológica que están desarrollando los órganos de control externo y ha señalado que la transformación digital es una de las tareas más apasionantes, pero también más complejas para las administraciones públicas, ya que implica cambios organizativos, normativos y tecnológicos permanentes.
En materia de contratación pública
En este contexto, el consejero ha trasladado a los responsables de fiscalización su preocupación por la sobrerregulación existente en los procedimientos administrativos, lo que dificulta la ejecución de contratos públicos y ralentiza la puesta en marcha de obras y servicios. Así, ha señalado que desde la Administración regional “estamos haciendo un enorme esfuerzo para simplificar trámites y reducir burocracia, pero la complejidad normativa hace muy difícil gestionar con agilidad cualquier proceso de contratación”.
En este contexto, ha reivindicado el papel de las cámaras de cuentas autonómicas como instrumentos esenciales para fortalecer el control democrático, garantizar la legalidad y mejorar la eficiencia en el gasto público.
Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha
En otro orden de cosas, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha recordado que Castilla-La Mancha recuperó su órgano de control externo en 2021, después de que la antigua Sindicatura de Cuentas fuera suprimida en 2014.
Según ha explicado, aunque el Tribunal de Cuentas realizó “una excelente labor” durante esos años, el que se le sometiera a un ”sobreesfuerzo” al tener que controlar también a la administración estatal, hace que sea necesaria la existencia de un órgano autonómico que permita una fiscalización “inmediata, profunda, al poder llevar a cabo un análisis con mayor detalle, y que permita una comunicación más fluida”.
Asimismo, ha subrayado que la recuperación de la Cámara de Cuentas fue un compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, de llevar a cabo una gestión limpia, honesta y ajustada a la legalidad de los recursos públicos, que son, de toda la ciudadanía. Por eso, ha dicho, es importante disponer de un nuevo instrumento que contribuya a que se pueda garantizar un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas, como es el derecho a una buena administración.
Independencia y cercanía con las administraciones fiscalizadas
Durante su intervención, Ruiz Molina también ha destacado como fortalezas de la institución su independencia y su cercanía con las administraciones fiscalizadas y ha concluido defendiendo que los órganos de control externo autonómicos “fortalecen el control democrático en la gestión pública y garantizan la legalidad, la eficiencia y la transparencia”. Una eficiencia en la que se ha detenido para señalar que se trata de ser eficaces en la medida en que “intentamos cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía”.
La reunión con el Ministerio de Hacienda será el próximo lunes 22 de junio
Durante una atención a medios previa a su intervención en la clausura del acto, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha anunciado que ya hay fecha para la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda, que “será el 22 de junio”. Una reunión en la que desde Castilla-La Mancha se va a trasladar al Ministerio la propuesta de modelo de financiación que tiene la región, explicada en varias ocasiones por el presidente García-Page y que está basada fundamentalmente en que “se garantice el coste real que supone a las comunidades autónomas prestar los servicios de nuestra competencia”.
Un modelo, ha continuado, que garantiza el principio de igualdad, que en materia de financiación significa que todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica o de la capacidad económica del territorio, “tenemos derecho a recibir los servicios públicos en las mismas condiciones de calidad”. Siendo este modelo, diametralmente diferente al negociado entre el Gobierno central con los independentistas.
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que “es de justicia que la financiación atienda a las necesidades de las comunidades autónomas y no a la capacidad económica que pueda tener cada territorio”, porque eso sería, “primar los privilegios y no primar el principio de igualdad”.
