Cada 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos la oportunidad de detenernos un momento y reflexionar sobre algo que, con demasiada frecuencia, damos por hecho: la tierra que habitamos.
Este año, Naciones Unidas centra el Día Mundial del Medio Ambiente en la lucha contra el cambio climático y en las señales cada vez más evidentes que nos envía el planeta, bajo el lema “#PorElClimaYa”. Una realidad desde la que hoy se mira a Castilla-La Mancha como referente y ejemplo de compromiso y acción en la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales y del impulso del desarrollo sostenible del territorio.
Porque el cambio climático ya no es una amenaza lejana ni una predicción para dentro de varias décadas. Lo vemos en nuestros campos, en nuestros montes y en nuestros ríos. Lo vivimos cuando las sequías se prolongan, cuando las temperaturas baten récords año tras año o cuando los incendios forestales encuentran condiciones cada vez más extremas.
Y precisamente por eso, hablar de medio ambiente en Castilla-La Mancha es hablar de algo mucho más profundo que de una cuestión sectorial. Es hablar de nuestra forma de vida.
Somos una región marcada por el valor de su patrimonio natural y por una enorme diversidad ambiental. Desde Cabañeros hasta las Lagunas de Ruidera, desde el Alto Tajo hasta las Tablas de Daimiel. Espacios que no solo representan una riqueza ecológica extraordinaria, sino también una parte esencial de nuestra historia y de nuestra manera de entender esta tierra.
Pero proteger ese patrimonio no consiste únicamente en admirarlo. Significa conservarlo, gestionarlo y prepararlo para los desafíos del presente y del futuro.
Por eso resulta tan importante que la sostenibilidad haya dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en una política pública transversal. Porque cuidar el medio ambiente no es incompatible con generar oportunidades, fijar población o impulsar desarrollo económico. Al contrario. Hoy sabemos que no existe desarrollo duradero si no es sostenible.
En Castilla-La Mancha llevamos años avanzando en esa dirección. Lo hacemos reforzando la protección de nuestros espacios naturales, impulsando la educación ambiental, mejorando la gestión forestal y la prevención de incendios, desarrollando políticas de conservación de fauna y flora, apostando por una transición energética ordenada y compatible con el territorio o defendiendo una gestión responsable del agua en una región donde este recurso tiene una importancia estratégica: una importancia que va desde la conservación de la naturaleza, garantizar el abastecimiento en nuestros pueblos y ciudades, el futuro de nuestra agricultura y nuestra industria… en definitiva, la importancia que el agua supone para el desarrollo socioeconómico de toda la región.
Por tanto, en una tierra donde el agua condiciona nuestro presente y nuestro futuro, hablar de sostenibilidad significa también defender una planificación hidrológica justa y basada en criterios ambientales. Significa comprender que los ríos no son simples infraestructuras hidráulicas, sino ecosistemas vivos que debemos preservar. Y significa entender que la protección del medio ambiente y la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha no son objetivos contrapuestos, sino perfectamente complementarios.
Por eso, cuando hablamos de agua, también hablamos de justicia territorial. Castilla-La Mancha lleva años defendiendo algo tan razonable como que nuestros ríos tengan caudales ecológicos suficientes y que las decisiones hidráulicas se adopten pensando también en la sostenibilidad ambiental y en los derechos de esta tierra.
La última sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a respaldar la planificación hidrológica y los caudales ecológicos del Tajo sigue demostrando que Castilla-La Mancha tiene razón en una reivindicación histórica: no se puede seguir gestionando el agua con criterios del pasado ni ignorando la realidad ambiental de nuestros ríos.
Y conviene decirlo con claridad. Frente a esa defensa firme de los intereses hídricos de la región que viene manteniendo el Gobierno de Emiliano García-Page, seguimos viendo demasiadas veces al Partido Popular y Vox asumir posiciones marcadas desde sus direcciones nacionales donde Castilla-La Mancha queda relegada frente a los intereses de otras regiones. Y cuando se habla de agua, la tibieza acaba pagándose muy cara en esta tierra.
A menudo, cuando se habla de políticas ambientales, se cae en dos errores. Uno consiste en presentar cualquier medida como una amenaza para la actividad económica. El otro, igualmente equivocado, consiste en pensar que basta con proclamar grandes objetivos sin explicar cómo hacerlos realidad.
La experiencia demuestra que las transformaciones verdaderamente útiles son aquellas que combinan ambición y realismo. Las que entienden que la transición ecológica debe hacerse acompañando a agricultores, ganaderos, empresas, ayuntamientos y ciudadanía. Las que generan consensos en lugar de imponer soluciones desde la distancia.
Porque la lucha contra el cambio climático no puede construirse desde el enfrentamiento permanente. Necesita diálogo, planificación y compromiso colectivo.
Precisamente por eso, resulta importante que Castilla-La Mancha esté dando pasos para dotarse también de nuevas herramientas frente al principal desafío ambiental de nuestro tiempo.
La futura Ley de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, anunciada por el Gobierno Regional, representa mucho más que un texto legislativo. Representa una forma de entender el futuro de esta tierra. Una apuesta por anticiparse, por planificar y por proteger.
Porque luchar contra el cambio climático no consiste únicamente en fijar objetivos ambientales. Significa también defender nuestros recursos hídricos, preparar nuestros montes, proteger la biodiversidad, impulsar energías limpias compatibles con el territorio, ayudar a nuestros municipios a adaptarse y garantizar que el desarrollo económico y la sostenibilidad avancen de la mano.
Y creo sinceramente que ahí está una de las claves más importantes: entender que proteger el medio ambiente no es poner límites al progreso, sino garantizar que ese progreso pueda mantenerse en el tiempo.
En una región como Castilla-La Mancha, especialmente vulnerable a fenómenos extremos como la sequía o las altas temperaturas, no actuar no es una opción. Y por eso hacen falta políticas públicas serias, planificación y herramientas eficaces.
La futura Ley de Cambio Climático de Castilla-La Mancha nace precisamente de esa necesidad de proteger nuestra tierra desde la responsabilidad y desde la visión de largo plazo.
Porque hoy ya no estamos ante un debate teórico ni ideológico. Negar el cambio climático o minimizar sus efectos no es una opinión inocua. Es poner en riesgo la capacidad de adaptación de nuestros municipios, de nuestro sector agrícola y ganadero, de nuestros recursos naturales y de las generaciones futuras.
Por eso preocupa ver cómo los discursos negacionistas que representa Vox están condicionando cada vez más posiciones políticas e incluso los recientes acuerdos de gobierno en otras comunidades autónomas, tal y como estamos observando últimamente. En este sentido, preocupa enormemente la facilidad con la que el Partido Popular está asumiendo muchas de esas posiciones en materias ambientales y climáticas a través de la firma de esos acuerdos de gobiernos regionales.
Castilla-La Mancha no puede permitirse retroceder en la protección de su patrimonio natural ni en la preparación frente a los desafíos climáticos que ya estamos viviendo. Porque mientras algunos cuestionan la evidencia científica o convierten el medio ambiente en un campo de batalla ideológico, aquí hablamos de proteger nuestros pueblos, nuestros montes, nuestra agua y nuestro futuro.
El Día Mundial del Medio Ambiente no debería servir únicamente para celebrar lo conseguido. También debe ayudarnos a recordar todo lo que queda por hacer. Los retos son enormes y exigen perseverancia, inversión pública, innovación y responsabilidad compartida.
Sin embargo, también conviene reivindicar algo que a veces olvidamos: cuando un gobierno protege un espacio natural, cuando invierte en prevención de incendios, cuando impulsa energías limpias, cuando apuesta por la economía circular o cuando promueve una gestión sostenible del agua, no está realizando un gesto simbólico. Está construyendo futuro.
Porque al final, defender Castilla-La Mancha también significa cuidar aquello que la hace posible: su agua, sus montes, sus paisajes, su biodiversidad y la calidad de vida de quienes viven aquí.
Y eso exige compromiso, convicción y la capacidad de entender que proteger esta tierra no puede depender de modas, de cálculos políticos o de discursos vacíos.
Quienes vivimos en Castilla-La Mancha sabemos bien lo que cuesta sacar adelante esta tierra. Sabemos lo que significa el agua, el valor de nuestros pueblos, de nuestros campos y de nuestros espacios naturales. Y precisamente por eso, también sabemos que merecen seguir siendo defendidos con seriedad, con responsabilidad y pensando siempre en la tierra que queremos dejar a quienes vendrán detrás.
Porque Castilla-La Mancha merece ser defendida. Y quienes la sentimos como propia también merecemos que nunca se deje de hacerlo.
Francisco José Barato
Portavoz de Desarrollo Sostenible del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha
