Así precisó este lunes el gabinete liderado por Pablo Bustinduy en un comunicado en el que explicó que el documento permitirá a las distintas unidades de la AGE autoevaluar periódicamente su grado de accesibilidad mediante un listado de comprobación que aborda seis grandes ámbitos estratégicos, como son recursos humanos, entorno físico, ámbito jurídico, gestión económico-presupuestaria, tecnologías de la información y atención a la ciudadanía.
“El objetivo es identificar carencias, activar mejoras pertinentes que abran la administración pública a la diversidad humana”, abundó el ministerio, al tiempo que indicó que el protocolo ha sido presentado en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad, en la que participan diferentes departamentos ministeriales y el Cermi, “como expresión unitaria de la sociedad civil de las personas con discapacidad y sus familias”.
Según el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, este protocolo “responde al mandato constitucional de los poderes públicos de impulsar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles”.
“Supone una herramienta de gran utilidad para que la accesibilidad salga de lo social y se asuma desde todos los departamentos ministeriales para que atraviese todos los espacios, servicios y trámites de Administración”, abundó.
En paralelo, Martín apuntó que “ya no hay excusas para no eliminar barreras porque este documento ofrece las pautas para identificar las quiebras y abordar las mejoras”.
CLAVES
Entre otras cuestiones, el protocolo analiza si los procesos selectivos contemplan adaptaciones para personas con discapacidad, si las webs y documentos digitales son accesibles, si los edificios cuentan con itinerarios accesibles o si la atención presencial, telefónica y online garantiza alternativas comprensibles y utilizables para todas las personas.
El protocolo, además de ayudar a diagnosticar problemas, también ofrece orientaciones prácticas y medidas concretas para corregirlos. Así, cada respuesta negativa o parcial sobre el cumplimiento de una determinada actuación de accesibilidad debe servir para incorporar mejoras y elevar progresivamente los niveles de accesibilidad en toda la Administración, según el ministerio.
El documento parte de una “visión amplia” de la accesibilidad universal, entendida como una condición que beneficia tanto a las personas con discapacidad como a las personas mayores, en situación de dependencia, aquellas que tienen dificultades de comprensión y comunicación, o quienes se enfrentan con limitaciones temporales.
Con esta iniciativa, el Gobierno da un “paso más”, según el departamento que dirige Bustinduy, en el desarrollo del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal y sitúa la accesibilidad como un elemento estructural de la calidad de los servicios públicos.
En concreto, el documento tiene como objetivo ejecutar la medida 1.2.3 del plan, que insta a “diseñar un protocolo que coordine las actuaciones en materia de accesibilidad universal en cada ministerio, con especial referencia a la perspectiva de género, incluyendo contenido común a todos ellos y un anexo específico para cada uno”.
La iniciativa ha sido impulsada por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, con el asesoramiento técnico de Fundación ONCE e ILUNION Accesibilidad y ha contado con la participación de la mayoría de los ministerios de la Administración General del Estado a través de grupos de trabajo especializados.
