Durante su intervención en el debate en defensa de la iniciativa, la portavoz ‘popular’, Violante Olivares, aseveró que la iniciativa está “avalada por muchas familias, que están asumiendo un sobrecoste para que sus hijos con discapacidad puedan recibir los apoyos que necesitan y que hasta 2020 podían cubrir con una beca del gobierno del Partido Popular”.
A este respecto, denunció que, desde entonces, el Ministerio “exige acreditar un grado de discapacidad”. “Comenzó con el 33% y actualmente es el 25% sin reconocer que estos baremos no evalúan necesidades educativas ni de aprendizaje”, criticó, al tiempo que consideró que “esta situación afecta, discrimina y excluye a un gran número de alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad”. En concreto, dijo, se ven afectados quienes usan audífonos y tienen sorderas bilaterales leves o moderadas, así como al alumnado con sorderas unilaterales.
“Fiapas lleva reclamando seis años al Ministerio que se restablezcan los criterios previos a 2020, argumentando que las necesidades educativas especiales existen independientemente de contar con un grado de discapacidad calificado, por lo que considera que esta discriminación en el acceso a la convocatoria de las becas y ayudas atenta contra el derecho a la educación de alumnos con necesidades educativas especiales”, puntualizó.
En paralelo, indicó que en febrero de este mismo año, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas “recomendó” a España que las ayudas al estudio “fueran independientes del grado de discapacidad”. “Una advertencia que el Ministerio de Educación ha decidido ignorar en su último real decreto”, deslizó, convencida del “abandono a las familias más vulnerables” por parte del Gobierno y de que “hay muchos menores y jóvenes” cuyas familias “tienen que sacrificarse y renunciar a cubrir otras necesidades para que sus hijos reciban el apoyo que necesitan”.
FLAGRANTE RETROCESO
“Un Gobierno no puede presumir de progresista si las acciones que lleva a cabo no suponen progreso para las personas, sino un flagrante retroceso. Por eso lo que pedimos con esta PNL es retroceder a 2020 para avanzar”, apostilló, al tiempo que denunció que, con su “decisión”, el Ejecutivo “lo que ha hecho es retroceder en derechos y, lo peor, retroceder en los derechos de las personas más vulnerables”.
Por último, recordó que la modificación del artículo 49 de la Constitución “que se consensuó, incluyendo una atención especial a menores con discapacidad, nos compromete”. “Qué parte de este compromiso que aprobamos por una inmensa mayoría no ha entendido el gobierno”, se preguntó.
El PSOE presentó una enmienda al texto, que fue rechazada pese a que, según el diputado Jonay Quintero reivindicó “una educación pública fuerte, inclusiva y capaz de garantizar que ningún niño o niña se quede atrás por sus circunstancias personales, sociales o económicas”.
“Compartimos además la importancia de seguir mejorando los apoyos y recursos dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y a su familia”, agregó, al tiempo que señaló que el Real Decreto 888/2022 establece estándares “precisos” para determinar el grado de discapacidad “a partir del cual puede considerarse que una persona requiere apoyo estable”.
UMBRAL
“En coherencia con ello, el umbral del 25% responde a la consideración de una discapacidad moderada que puede generar dificultades en la vida diaria y, por tanto, justificar apoyos educativos específicos”, afirmó, al tiempo que explicó que dicho alumnado afronta “dificultades reales” en su día a día escolar, “necesita más tiempo, apoyos especializados y adaptaciones concretas para poder desarrollar su formación en igualdad de condiciones”.
En este contexto, puntualizó que el objetivo “debe ser seguir reforzando la capacidad del propio sistema educativo para dar respuesta a las necesidades del alumnado sin que su formación se vea afectada”. “Y precisamente en esta dirección está avanzando este gobierno”, defendió.
“Estamos en un momento histórico en materia de igualdad de oportunidades. Nunca en nuestro país se habían destinado tantos recursos públicos a garantizar darle acceso a la educación”, sentenció, para, a continuación, recordar que hoy se abre el plazo para solicitar las ayudas de apoyo educativo.
Se trata, a su entender, de una “nueva oportunidad” para miles de familias y lo hace “con nuevas mejoras”, como el incremento medio del 10% en los umbrales de patrimonio, ampliando así el número de potenciales beneficiarios y “reforzando el compromiso de este gobierno con una educación más justa, inclusiva y accesible”.
ENMIENDA
En ese sentido, la enmienda rechazada abogaba por “continuar reforzando” las becas y ayudas al estudio, “en particular” las destinadas al alumnado con necesidades especiales, por “seguir avanzando” en la inclusión educativa y por “continuar con la ampliación de los colectivos con derecho a estas ayudas”.
“El objetivo debe ser claro, que ningún niño o niña que necesita apoyo educativo se quede atrás y que la educación pública siga garantizando la igualdad de oportunidades para todas las familias”.
Desde Sumar, Rafael Cofiño afirmó que los actuales apoyos “son una herramienta imprescindible para una inclusión real” y forman parte del marco de políticas de educación inclusiva que “derivan” del artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de su interpretación por el Comité de Naciones Unidas.
“Consideramos un ajuste razonable la enmienda planteada por el Grupo Socialista que pretende continuar mejorando las becas y ayudas al estudio para el alumnado con necesidades específicas de apoyo y a estudiar la ampliación de los colectivos con derecho a esta ayuda”, resolvió.
Por Vox, Blanca Armario subrayó que el alumnado con necesidades educativas especiales “merece acudir a su centro educativo con los apoyos adecuados, disponer de los especialistas, de los materiales adaptados, atención temprana, refuerzo y recursos suficientes para que sus dificultades no se conviertan en barreras permanentes”, lo cual, a su juicio, “no puede depender exclusivamente de la capacidad económica de su familia” y urgió a «actuar con responsabilidad y altura de miras».
Por último, desde EAJ PNV, Nerea Rentería afirmó que las instituciones públicas “tienen la responsabilidad de ofrecer respuestas sensibles, proporcionadas y ajustadas a la realidad de las familias”. “Es cierto que los cambios introducidos en el año 2020 respondían a una voluntad de homogeneizar criterios y aportar una mayor seguridad jurídica al sistema de ayudas y creemos que cualquier administración debe garantizar procedimientos transparentes, objetivos y con criterios claros”, indicó, al tiempo que manifestó que, desde entonces, “numerosas asociaciones profesionales y familias han venido trasladando situaciones de preocupación derivadas de la aplicación práctica de estos cambios”.
