De acuerdo a su etimología (latina, como en la mayoría de los vocablos de nuestro idioma) la palabra “privilegio” significa “ley privada”. O sea, un oximoron, una “contradictio in terminis”, porque la esencia de la ley es precisamente su carácter general… al menos en un estado de derecho moderno y occidental.
Se habla mucho en estas fechas del privilegio de Bono que, como expresidente de Castilla-La Mancha, disfruta de un estatus singular: dos secretarios/as, coche oficial con chófer o choferesa (a elegir), y despacho propio; todo ello pagado con cargo a los presupuestos regionales, y todo ello sin tener que dar cuentas a nadie del uso (o abuso) de esos medios materiales y humanos. La medida procede de una Ley de Gobierno aprobada en octubre de 2003, apenas unos meses antes de que el susodicho dimitiera como presidente regional para irse de ministro con Zapatero.
La verdad es que el entonces omnipotente José Bono hizo esa ley exactamente a su medida, pese a que supuestamente se aplicaría a todos los expresidentes. Resulta llamativo que la gabela dure exactamente el mismo tiempo que su destinatario haya ocupado la presidencia de la Junta; Bono ya llevaba por entonces casi veinte años en Fuensalida, así que se garantizó a sí mismo dos décadas de sinecura. Es curioso que aunque la misma ley establece una limitación de mandatos de ocho años, dicho límite no le afectaba a él mismo ni al disfrute de su dorada jubilación. Para evitar problemas, la norma obliga a una mayoría cualificada para su reforma, tres quintos del parlamento; de esa forma Bono evitaba que una “simple” mayoría absoluta de las Cortes autonómicas osara cortarle el alpiste. A eso se le llama dejarlo todo atado y bien atado: hacen falta más votos para quitarle el privilegio a Bono que para reformar la Constitución.
Los tiempos han cambiado mucho desde que entró en vigor la Ley de Gobierno de Castilla-La Mancha. Lo que hace doce años se planteaba como un reconocimiento a los desvelos y servicios de un servidor público, hoy es considerado por la inmensa mayoría de la población como un intolerable ejercicio de abuso de poder y un insulto al ciudadano contribuyente. A pesar de ese clamor social, Bono se niega a renunciar al privilegio (ley privada, sólo para él) como han hecho Barreda y Cospedal. Y no será porque no pueda pagarse de su abultado bolsillo un chófer y una secretaria…
Y lo más grave es que el PSOE se niega a recortar un disfrute que ya dura once años, y al que le quedan nueve años más de pago de nóminas y gastos. ¿Y los socios de Podemos? Pues eso: que se les nota mucho que son socios de Page y de Bono. Es fácil volverse casta cuando media pasta.
Dimas Cuevas. Senador del PP por Albacete
