“Hacemos un llamamiento a la ministra Isabel García Tejerina para que intervenga y ayude a desbloquear el conflicto que nos enfrenta a los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales con la empresa pública Tragsa”, han reclamado esta mañana Carlos Martín y Alfredo Muñoz, representantes del colectivo BRIF por CCOO.
En rueda de prensa ofrecida en Guadalajara con motivo de la proyección en la ciudad del documental “La vida en llamas”, Martín y Muñoz han advertido que tras la última reunión de negociación de su convenio colectivo mantenida con Tragsa “la empresa da las conversiones por finiquitadas”, mientras que los trabajadores de las BRIF mantienen la huelga indefinida que iniciaron el pasado 27 de julio, hace ya ocho semanas.
“La posición de la empresa es de bloqueo y ruptura. Que hasta aquí hemos llegado, que no tiene nada más que ofrecer, salvo algún fleco en nuestra reivindicación sobre la segunda actividad. Pero nada sobre retribuciones, ni condiciones laborales, ni categoría profesional. Así, no hay posibilidad de acuerdo”, explicó Martín.
Ante esta situación, los representantes de CCOO insistieron en reclamar la intervención del ministerio de Agricultura, que “tiene la responsabilidad total del servicio público que prestamos como BRIF. El Ministerio encomienda esta tarea a la empresa Tragsa por adjudicación directa, sin concurso público. Así que la ministra no puede lavarse las manos como está haciendo; dependemos directamente del Ministerio y el tema es lo bastante serio como para que intervengan de una vez”
Martín, que acusó a Tragsa de “intoxicar a la opinión pública mintiendo en sus comunicados de prensa, diciendo que los trabajadores de la BRIF ganamos más de 17.000 euros cuando nuestro salario anual bruto es de 16.100”; insistió en que “hablamos de dinero público, de dinero que el ministerio da a Tragsa. El ministerio debe saber lo que se hace con ese dinero y hacerse responsable”.
Por su parte, Muñoz lamentó que el colectivo BRIF “nunca ha visto reconocida su labor, ni social ni laboralmente desde su creación en 1992”
Explicó que Tragsa les aplica el convenio colectivo de esta empresa pública, pero bajo un anexo claramente discriminatorio que les excluye de 28 artículos, de aplicación para todo el personal de Tragsa excepto para ellos, y referidos mayormente a cuestiones retributivas o de compensación de días, pluses por peligrosidad e incluso el artículo sobre condiciones más beneficiosas previas a la firma del citado anexo para el personal BRIF.
Por ello, en la negociación del convenio reclaman “unas condiciones dignas y acordes al trabajo que se realizamos. Cobramos el salario más bajo de la tabla salarial del convenio Tragsa, y muchos meses no llegamos ni a los 900 euros en plena campaña de extinción; y 112 euros menos en los periodos de Labores Preventivas”
Otra reivindicación es la elaboración de “una segunda actividad real y efectiva que permita a los trabajadores que ya no puedan superar las pruebas físicas que se obligan a pasar cada año y que son excluyentes, ser reubicados en otras tareas de modo que no sean expulsados de la empresa y del servicio, como ya está sucediendo”. Este es la única aspiración del colectivo a la que Tragsa ha prestado alguna atención.
El colectivo BRIF reivindica también “que se nos llame por nuestro nombre, Bomberos Forestales, cosa que a Tragsa no debería costarle ni dinero ni esfuerzo”, si bien confían en que este cambio de denominación les facilite en su caso coeficientes reductores para el acceso a la jubilación anticipada.
El pasado mes de julio, la secretaría de Estado de la Seguridad Social decidió, a instancias de CCOO, abrir el proceso de estudio de las condiciones laborales, y específicamente las referidas a salud y seguridad, de los colectivos de trabajadores dedicados a la extinción de incendios forestales; para comprobar si cumplen los requisitos necesarios para ser acreedores de los coeficientes reductores en la edad de acceso a la jubilación que ya tienen reconocidos los bomberos de las administraciones públicas.
